Trabajadores de toda España han acudido este sábado a Madrid para participar en una manifestación convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) "por una subida salarial justa, contra el empobrecimiento social y el deterioro de los servicios públicos".

El sindicato ha anunciado que a la manifestación han acudido más de 70.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid ha realizado una estimación provisional de entre 15.000 y 17.000 personas.

LaSexta ha podido hablar con algunos de estos manifestantes como José García, enfermero que lamenta: "Gano 669 euros de sueldo base, no llego al mínimo". Begoña Gil, por su parte, ha expresado a laSexta que "un ingeniero aeronáutico no llega casi a final de mes, un grupo A1", y se ha quejado de que han perdido "un 20 por ciento del poder adquisitivo".

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado que "el Gobierno está siendo ingrato con las trabajadoras y trabajadores de este país, tanto del sector público como del sector privado", y que la multitudinaria manifestación "es la primera evidencia de que está perdiendo el apoyo de la calle".

Además, ha añadido que el Gobierno ha pasado de considerar a los empleados públicos como héroes durante la pandemia a tratarles de manera ingrata y ningunearles".

CSIF exige al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido este año en línea con la medida adoptada por Francia el pasado julio. Además, reclaman un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra de los empleados públicos que se ha visto mermado desde 2010.

Asimismo plantean al Gobierno abordar un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones. Encarna, otra de las manifestantes, ha dicho a laSexta: "Con 44 años y 8 meses trabajados creo que ya está bien como para jubilarme totalmente"; mientras que Alfonso, otro manifestante, agregaba: "Lo que necesitamos es que el Gobierno se dé cuenta de que no es lo mismo un trabajo de oficina que un trabajo de albañil, hay que adaptar ese tipo de jubilaciones".

La próxima semana tendrán una primera reunión con el Ejecutivo. Si quieres conocer más detalles sobre este acto, mira el vídeo que acompaña a esta información.

Equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil

La Policía Nacional y la Guardia Civil también han pedido durante la jornada de hoy la equiparación salarial a las fuerzas de seguridad autonómicas. El secretario general del sindicato Jupol, Aarón Rivero, ha reivindicado la "jubilación digna" para policías nacionales y guardias civiles, que se jubilan con "800 o 900 euros menos que un mosso d'Esquadra". Rivero ha añadido que, como funcionarios, también les afecta la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, teniendo las mismas consecuencias "que cualquier otro trabajador".

Entre los asistentes a la manifestación se encontraba el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha mostrado su "apoyo al empleo público" y ha reivindicado la necesidad de equiparar el sueldo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bal también ha criticado que en la manifestación no estuvieran presentes "otros sindicatos que solo salen cuando está el Gobierno del PP".

La exdiputada de Vox, Macarena Olona, que también ha acudido a la marcha, ha mostrado su apoyo a los funcionarios y a las fuerzas de seguridad del Estado que "están luchando por la equiparación con fuerza y honor".

Actualizar salarios públicos

CSIF exige al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido este año en línea con la medida adoptada por Francia el pasado julio. Además, reclaman un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra de los empleados públicos que se ha visto mermado desde 2010 y plantean al Gobierno abordar un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

También piden la puesta en marcha de medidas económicas eficaces que ayuden a los trabajadores a combatir la "desmesurada" subida del precio de la cesta de la compra, de la luz y de la energía, e instan al Ejecutivo a garantizar unos servicios públicos de calidad aportando tanto los recursos materiales como humanos necesarios.