La junta de accionistas de Ferrovial ha respaldado con sus votos el traslado de la sede social del grupo de España a Países Bajos pese al fuerte rechazo que ha suscitado en el seno del Gobierno y le permite dar un paso más hacia su objetivo final de debutar en bolsa con su matriz en Estados Unidos. Posteriormente, la compañía ha confirmado en un comunicado que un 93,3% de los votos han respaldado esta operación.

La compañía que preside Rafael del Pino, primer accionista del grupo con un 20,4 %, ha logrado así los apoyos necesarios de cara a sacar adelante su proyecto de fusión trasfronteriza, por la que Ferrovial pasará a ser absorbida por su filial holandesa FISE, que desde hace tiempo es la cabecera del negocio internacional del grupo.

Sin embargo, el éxito de esta operación aún depende de que los derechos de separación que deseen ejercer los accionistas que han votado en contra de este traslado no superen los 500 millones de euros, lo que equivale a en torno al 2,5 % del capital.

En esta segunda convocatoria, los accionistas presentes y representados en la junta ordinaria, que arrancó pasadas las 12:30 de esta mañana, han aglutinado el 77,6 % del total del capital social y han sacado adelante los 13 puntos del orden del día.

Un mes de plazo para ejercer la separación

El plazo para que los accionistas críticos con el acuerdo ejerciten este derecho comenzará con la publicación del acuerdo de fusión adoptado por la junta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y concluirá transcurrido un mes desde dicha fecha. Los que opten por salir del capital recibirán un importe en efectivo de 26,0075 euros por acción, por debajo de los 27,39 euros a los que cotiza en estos momentos la acción.

De hecho, desde el 28 de febrero -día siguiente al anuncio de la operación- los títulos de Ferrovial se anotado una subida del 3,35 %, y si se tiene en cuenta que desde entonces el Ibex 35 ha caído un 1,23 %, la revalorización sería del 4,6 %.

El éxito de la operación también está condicionado a que exista la certeza razonable de que las acciones de FISE serán admitidas a cotización en la bolsa de Ámsterdam y en las bolsas de valores españolas. Tras ello, el grupo solicitará la admisión a negociación de sus acciones en el mercado norteamericano.

A pesar de las críticas del Gobierno en un contexto preelectoral; de sus reiterados mensajes dirigidos a los accionistas horas antes de que decidieran su voto; de plantearse recurrir al escudo antiopas o de rechazar las razones económicas aducidas por Ferrovial, condicionando las exenciones por las plusvalías latentes que afloren con la operación, la compañía sigue con el calendario previsto.

Del Pino coloca a su hijo

El presidente de Ferrovial y primer accionista del grupo, Rafael del Pino, ha colocado a su hijo Ignacio del Pino Fernández-Fontecha en la sucursal que la sociedad Ferrovial International SE tendrá en España, según se ha publicado este jueves en el Boletín del Registro Mercantil (BORME).

Del Pino ha recalcado durante su intervención en la histórica junta de accionistas que "España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello" con el traslado de la sede social de la compañía a Países Bajos.

Además, ha destacado que esta operación se enmarca en la libertad de establecimiento "que nutre la esencia misma de la Unión Europea", no se lleva a cabo por motivos fiscales ya que el grupo seguirá contribuyendo fiscalmente en España como hasta ahora.

El grupo ha recalcado su apuesta creciente por la internacionalización, en especial por el mercado de EEUU, donde debutará en bolsa, o Canadá, mientras estudia nuevas oportunidades en Australia, Europa o Latinoamérica.

Denuncian la injerencia del Gobierno

En el marco de la junta, el secretario general de la Federación Mundial de Inversores, el belga Jean-Pierre Paelinck, ha acusado al Gobierno de "violar el derecho de propiedad" de los accionistas de Ferrovial con sus "injerencias" en la decisión de la compañía de trasladar su matriz a Países Bajos.

En la misma línea, el presidente de la asociación eslovena Vzmd, Kristjan Verbic, que representa a 5 millones de accionistas minoritarios, ha subrayado que los principios fundamentales de la Unión Europea pasan por la libertad de establecimiento y que las decisiones de las compañías privadas y cotizadas tienen que ser tomadas exclusivamente por los accionistas y no por los políticos o Gobiernos.

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