"Es muy grave poner en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado hipotecario, básico para asegurar un sistema sólido y sostenible. No deberían introducirse estímulos para dejar de pagar las hipotecas", advierte la misiva.
Martín entiende que si se cambia la legislación, hay que analizar "de forma equilibrada y con el mayor rigor técnico posible las diferentes propuestas con objeto de lograr la mejor solución".
Tras destacar que ningún banco privado de la AEB ha recibido ayudas públicas durante la crisis, ha subrayado que todas las entidades "de manera silenciosa llevan varios años haciendo esfuerzos importantes para renegociar el pago de las hipotecas de sus clientes con dificultades financieras".
400.000 hipotecas refinanciadas
Martín insiste en que entre 2009 y septiembre de 2012, los bancos han reestructurado o refinanciado 400.000 hipotecas dando mayores facilidades y ha hecho hincapié en que "no está en el interés de los bancos" adjudicarse viviendas, "por lo que están ofreciendo a sus clientes con dificultades diferentes posibilidades para evitar que se ejecuten hipotecas".
También recalca que "es fundamental" no alterar el normal funcionamiento del mercado hipotecario español para no impedir "su reactivación cuando comience a mejorar la situación económica". Además, se ha quejado de la "crítica indiscriminada al sector financiero, acusándole de prácticas abusivas e irregulares y de falta de sensibilidad social".
"Creo que los bancos españoles están realizando un esfuerzo importante para tratar de mitigar los efectos de un problema tan sensible como éste (los desahucios). Insistir en hablar de prácticas abusivas e irregulares no refleja la realidad", advierte.
Finalmente, recuerda que de las 300.000 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007 y los 57.410 lanzamientos acordados en el primer semestre de 2012 no todos son desahucios de familias de su vivienda habitual, porque estas cifras no discriminan entre los que afectan a empresas o particulares, los diferentes usos del inmueble, los desahucios derivados de alquileres o viviendas en propiedad y los procedimientos de ejecución y desahucios instados por el sector privado o por las administraciones públicas.
