El plan de choque del Gobierno para reducir el precio de la factura de la luz "será inminente". Así lo ha expresado este lunes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que recoge el hilo de Pedro Sánchez y augura que, a finales de 2021, se haga un análisis del recibo de la luz "para que sea similar al de 2018".
"En nuestro plan vamos a incidir en la factura que pagamos en los hogares", ha lanzado la dirigente en una entrevista con RNE. Un mismo mensaje que han compartido en otros extremos del Gobierno, tanto la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como la ministra de Economía, Nadia Calviño. Según el Ejecutivo, el objetivo de estas nuevas medidas es reducir el precio sin tocar el mercado mayorista ni desobedecer la normativa europea. Pero, ¿qué se va a hacer exactamente?
Subastas de energía y cobertura de consumidores vulnerables
Ninguna de las tres dirigentes, en sus respectivas entrevistas de hoy, ha detallado de forma extensa de qué manera se logrará que la factura de la luz de 2021 sea similar a la de 2018 —año en el que también se registraron récords históricos, aunque en rangos más bajos—. Pero sí han dado alguna pista y han avanzado que, desde verano, el Gobierno trabaja en este paquete para hacer frente a una situación "excepcional".
Entre dichas medidas, como ha explicado Ribera en el programa Espejo Público, están "el fortalecimiento a la cobertura de consumidores vulnerables" y la creación de "mecanismos alternativos para que las grandes empresas vendan parte de su energía a las pequeñas comercializadoras a un precio que se fija por subasta".
En este sentido, según avanzaba la ministra este domingo en una entrevista con eldiario.es, el Gobierno no fijará ningún precio (medida que ya descartó Ribera el pasado martes), pero las empresas sí tendrían "la oportunidad de ofertar con una subasta un precio promedio mucho más bajo". A principios de 2021, los precios ofertados mediante este sistema, apunta la dirigente, rondaban los 25 euros el megavatio. Una diferencia visible en comparación con los 140 euros de media que hemos experimentado este último mes de agosto.
De los mismos puntos ha hablado también la ministra Calviño en TVE, quien asegura que dichas subastas servirían para "sacar una parte de la energía del mercado mayorista y reforzar elementos que separan la factura que pagan de verdad los ciudadanos de la evolución del mercado".
¿Cuándo se pondrá en marcha el plan?
Las ministras no han aventurado una fecha concreta para aplicar estas modificaciones al corto plazo. Y aunque Rodríguez hable de una introducción "inminente", Ribera da a entender que el proceso será más dilatado: "Son medidas estructurales. En el pasado ha habido quejas porque no tramitábamos cosas por tratamiento ordinario en lugar de decreto ley", asevera, aunque también afirma que algunas medidas "pueden ser muy ágiles en el Congreso".
Es decir, de acuerdo con Transición Ecológica, las reformas que se tomen en materia de precio de la luz deberán contar con el beneplácito de la Cámara Baja. Pero entre ellas hay una que, según Ribera, ya está avanzada: la regulación "inmediata" del vaciamiento de los embalses.
Para ello se fijarán cuotas mínimas, "una especie de caudal ecológico para los embalses", cuenta la dirigente a eldiario.es, y "regular la operativa mes a mes: que no haya posibilidad de turbinar toda el agua que me parezca cuando mejor me parezca", apunta en relación a la actividad que hacen algunas hidroeléctricas. De nuevo, no se ha fijado una fecha para su aprobación, pero incide en que se llevará "cuanto antes" al Consejo de Ministros y que también tendrá repercusión en el coste eléctrico.
Medidas de suspensión fiscal
Junto con eso, este paquete del Gobierno también incide en la prolongación e introducción de otras medidas que, ajenas al mercado mayorista, supondrían a ojos del Ejecutivo un alivio en la factura. Por un lado, un "suministro mínimo vital", una idea derivada del IMV en la que los consumidores vulnerables "pueden tener derecho a mantener un mínimo de suministro eléctrico en sus hogares", según Ribera. Y, por otro lado, el mantenimiento de medidas de suspensión fiscal, como la reducción del IVA, que ha caído del 21 al 10%.
En cualquier caso, en sus intervenciones tanto Calviño como Ribera han reiterado que el aumento inédito que ha experimentado el mercado regulado de la luz no tiene por qué repercutir directamente en la factura de la ciudadanía. "Este verano la impresión de los ciudadanos ha sido que la evolución del precio era algo que impactaba directamente en lo que pagamos, y eso no es exactamente así", ha defendido la titular de Transición Ecológica este lunes.
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También, ayer, aseguraba que la evolución del precio en el mercado mayorista "es muy importante", pero para el ciudadano de a pie "lo importante sobre todo es cuál es su factura eléctrica". "No es lo mismo", concluía una vez más. Aunque la realidad es que diversos autónomos ya han denunciado que el coste de este verano ha superado cualquier registro anterior.
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