La vivienda irrumpe como tema capital en el País Vasco y tensiona la relación entre los socios de Gobierno

La vivienda, consolidada como una de las principales preocupaciones de los vascos, ha cobrado un excepcional protagonismo en la campaña y ha evidenciado las diferencias entre los socios de gobierno, incrementadas tras el recurso del PNV a la Ley de Vivienda, que ha levantado ampollas entre los socialistas. El precio de la vivienda es un problema casi endémico en el País Vasco, pero en los últimos años ha generado especial inquietud entre la ciudadanía. En 2021 era citado como problema principal solo por un 10 por ciento de los encuestados por el Sociómetro, una cifra que subió al año siguiente al 13 por ciento y al 19 por ciento en 2023. En febrero de 2024 era mencionado por el 25 por ciento de los preguntados.

El desbocado encarecimiento de las casas, tanto en la compra como en alquiler, explica estas cifras en una comunidad autónoma con el precio medio por metro cuadrado en 2.960 euros, 3.295 en vivienda nueva, y una ciudad como San Sebastián que, con 5.378 euros por metros cuadrado, se encumbra como la más cara de España por delante de Madrid y Barcelona. El cuanto al alquiler, hay 130.688 viviendas en renta, de las cuales el 78 por ciento son del mercado libre, el 16 por ciento alquileres sociales y el 5,5 por ciento de Protección Oficial. La renta media anual es de 783,6 euros.

Derecho subjetivo a la vivienda

Ante esta situación, se han ido sucediendo las iniciativas para poner coto la escalada de precios y de demanda, sin al parecer un resultado evidente, según revelan los datos. La Ley vasca de Vivienda de 2015, pionera al plantear el derecho subjetivo a la vivienda, fue aprobada con la combinación de votos de Bildu, UPyD y PSE-EE, entonces en la oposición, y el rechazo del PP, que la recurrió ante el TC, y del PNV, que llegó a alertar de un posible "efecto llamada". Aunque el Gobierno Vasco, cuya consejería de Vivienda ha estado en manos de los socialistas en las dos últimas legislaturas, no aprobó hasta octubre de 2023 el decreto del derecho subjetivo, este se fue reconociendo paulatinamente a las personas que reunían los requisitos y para esa fecha eran beneficiarios 8.200 hogares.

Sin embargo, ha sido la Ley Estatal de Vivienda de 2023, una de las normas estrellas del Pedro Sánchez, que EH Bildu y Podemos apoyaron sin fisuras, la que elevó la tensión entre PNV y PSE.

Tope al precio de alquiler

Los jeltzales esgrimieron la invasión competencial para recurrir varios de sus artículos ante el TC, un argumento que para el PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos esconde en realidad el rechazo del PNV a topar los precios de alquiler. El socialista Denis Itxaso ha llegado a señalar que el PNV se alinea con Andalucía y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Departamento vasco de Vivienda por el momento ha decidido iniciar los trámites para poder declarar como zonas tensionadas -y por lo tanto en la que se puedan topar los precios- en 41 municipios vascos que cumplen los requisitos que marca la ley para ello. EH Bildu, por su parte, ha hecho de la vivienda uno de los caballos de batalla para atacar la gestión del PNV ante unas elecciones en las que la formación de Arnaldo Otegi disputa por primera vez la hegemonía jeltzale.

Propuestas en materia de vivienda

Entre las diferentes propuestas que han sido desgranadas por los partidos figura la de utilizar la fiscalidad para premiar los alquileres baratos y penalizar los más caros, a través del sistema propio de índices de precios de referencia que ha defendido EH Bildu, que ha planteado además la desaparición de las desgravaciones por la adquisición de vivienda. Unas desgravaciones que se ha comprometido a defender con "uñas y dientes" el candidato del PNV Imanol Pradales , quien ha planteado también subir el umbral de renta máximo para que los jóvenes puedan acceder a ayudas de alquiler y crear una línea de avales para los que no pueden financiar el 100 por ciento de un piso. El PSE ha prometido promover de 5.000 nuevas viviendas en alquiler social y que el 50 por ciento de las viviendas en régimen de alquiler que construya el Gobierno Vasco se reserven a los jóvenes. La candidata de Elkarrekin Podemos ha planteado incluso prohibir la compra de viviendas a los 'fondos buitre' mientras el PP ha hecho referencias a la "okupación" y ha hecho un llamamiento a "defender la propiedad".

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