Caso Begoña Gómez
La acusación popular rebaja su petición de cárcel para Begoña Gómez a 13 años de prisión
Los detalles La acusación popular unificada, liderada por la asociación ultra Hazte Oír, también solicita la declaración de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, el empresario Juan Carlos Barrabés y el exrector de la Universidad Complutense de Madrid Joaquín Goyache.
Resumen IA supervisado
La asociación ultra Hazte Oír, como acusación popular en el caso que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, solicita 13 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno y seis años para su asistente, Cristina Álvarez, por tráfico de influencias y malversación. Gómez es acusada de utilizar su relación con el presidente para crear una cátedra a su medida en la UCM, con una pena propuesta de dos años de cárcel y multa. Además, se le acusa de malversación continuada y agravada, solicitando penas adicionales y la inhabilitación absoluta de 20 años. Álvarez enfrenta seis años de prisión por su cooperación. Se pide la declaración de varios testigos, incluyendo a Pedro Sánchez.
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La acusación popular unificada de la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, liderada por la asociación ultra Hazte Oír, pide 13 años de cárcel para la mujer del presidente del Gobierno y otros seis años para su asistente, Cristina Álvarez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación.
En un escrito, la acusación pide dos años de cárcel para Begoña Gómez por tráfico de influencias, al considerar que "se prevalió de su condición de esposa del presidente del Gobierno para que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) creara a su medida la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC)". A ello añade una multa del duplo del beneficio y prohibición de contratar con el sector público 10 años.
Por el delito de malversación continuada, la acusación solicita tres años de cárcel al entender que "destinó a fines privados a Cristina Álvarez" y solicita la suspensión de cargo público durante cuatro años. Por el delito de malversación agravada reclama ocho años de cárcel, la mayor de las penas solicitadas por estos delitos, al creer que Gómez que se apropió del software desarrollado con fondos públicos de la Cátedra, a través de marcas, el dominio transformatsc.org y la sociedad Transforma TSC SL. Según la ausación, el perjuicio a la UCM se situaría en 113.509 euros, pidiendo "la inhabilitación absoluta de 20 años".
Para Cristina Álvarez, la acusación popular pide seis años de prisión e inhabilitación absoluta de 15 años como cooperadora necesaria en el desvío de fondos para el software.
Además, la asociación ultra pide la declaración como testigos de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, el empresario Juan Carlos Barrabés y el exrector de la UCM Joaquín Goyache.