Convocar elecciones anticipadas supone disolver las Cortes inmediatamente. La consecuencia más directa es que todas las leyes pendientes de aprobar en sendas cámaras se quedan paralizadas. Decenas de leyes que se quedan en el cajón. Solo tienen una esperanza: que el Gobierno actual revalidara su mayoría e iniciase desde cero la tramitación de todas ellas.

Son más de 60 normas. 25 proceden de decretos ley que ya están vigor, ocho aprobadas por el Gobierno y otras 30 impulsadas por los distintos grupos parlamentarios. Entre las más relevantes, en materia sanitaria. La conocida como 'Ley Darias', la ley de Equidad, que empezó a tramitarse el verano pasado, para una mayor cohesión en el Sistema Nacional de Salud. Una de las normas que ha generado roces dentro del Gobierno de coalición por no frenar, según los morados, la privatización de los servicios.

Junto a ella, la que buscaba mejoras para pacientes de ELA, una Ley de Salud Mental a propuesta de Podemos desde 2021. O esa gran promesa electoral de Pedro Sánchez para garantizar el olvido oncológico antes de finalizar junio.

Tras unas intensas negociaciones, llegaba al Congreso hace unos meses la Ley de Familias, impulsada por el Ministerio de Ione Belarra, que con el adelanto tampoco verá la luz de momento. Quedan en el aire, por tanto, el permiso retribuido de cinco días al año para atender a familiares, un permiso parental de ocho semanas o medidas para la conciliación familiar.

En materia cultural, esta misma semana la idea era finiquitar en el Congreso la Ley de Enseñanzas Artísticas para continuar su tramitación en el Senado... El último paso para sacar adelante también la Ley del Cine, una de las más avanzadas. Nada de eso va a pasar. Como tampoco podrá avanzarse en estos meses en el Plan Justicia 2030, recogido en tres leyes: las de Eficiencia Digital, Procesal y Organizativa... Por un sistema más eficiente.

El parón no solo afecta a las iniciativas del Consejo de Ministros, también a las de los grupos parlamentarios. Es el caso de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales (de 1968) o la del Código Penal, para una mayor protección de la libertad de expresión.

Otras muchas que se quedarán en el cajón afectan a colectivos como el sector público, la prostitución o los bomberos. Los socialistas dicen que lo importante está hecho, pero los tiempos se acortan de repente: cinco meses menos de trámite parlamentario que hubieran dado para mucho.

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