El secreto de sumario como cortafuegos judicial: así protegió el juez durante siete años la causa Montoro

Durante siete años, el caso Montoro ha estado bajo llave. No por falta de pruebas, ni por dejadez judicial. Todo lo contrario: el juez Rubén Rus decidió aplicar el secreto de sumario como un auténtico cortafuegos judicial. Una barrera legal para evitar que el poder político, económico o mediático pudiera arrasar con la investigación antes de que echara a andar.

La causa se abrió el 2 de agosto de 2018. Desde entonces, el magistrado la ha prorrogado en secreto una y otra vez. ¿El motivo? El miedo —fundado— a que los investigados, entre ellos el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, utilizaran su influencia para boicotear la causa si descubrían que estaban siendo investigados.

Así lo explica el propio juez en un auto de 2019: se trata de una causa "sumamente compleja", en la que se están revisando reformas legislativas aprobadas durante el mandato de Montoro, rastreando presuntas comisiones y tratando de averiguar el destino final del dinero. Y en ese contexto, advierte: "Si se conoce la existencia de la causa, podrían producirse injerencias que pongan en riesgo su éxito".

El secreto como escudo: evitar filtraciones, destrucción de pruebas y presiones

El secreto de sumario no es una figura decorativa. En este caso, ha sido el escudo que ha protegido a la justicia de posibles interferencias externas. Porque cuando en una causa hay políticos poderosos implicados, el riesgo de que intenten sabotearla es real.

Eso puede pasar de muchas formas: destruyendo pruebas antes de que lleguen a manos de los investigadores, presionando a testigos, utilizando contactos en la judicatura o la fiscalía para frenar diligencias clave… O incluso maniobrando para evadir la acción de la justicia: desde salir del país hasta presentar informes médicos que justifiquen su incomparecencia.

Todo eso lo sabía el juez. Y por eso decidió blindar la causa hasta tenerla suficientemente armada como para resistir cualquier intento de sabotaje.

Siete años de sigilo, bloqueos y tensiones internas

Pero ese silencio también ha tenido costes. Durante este tiempo, la instrucción se ha enfrentado a múltiples obstáculos: retrasos en requerimientos bancarios internacionales, especialmente para seguir el rastro del dinero fuera de España, y discrepancias dentro de la propia Fiscalía Anticorrupción, sobre todo por el volcado de correos electrónicos que podrían involucrar a Montoro.

Todo eso ha ralentizado los tiempos. Por eso, hasta hoy no ha habido ni registros ni detenciones. Porque la prioridad del juez ha sido blindar el caso, no precipitarse. Pero eso está a punto de cambiar.

Se levanta el secreto… y se abre la puerta a las acciones

El levantamiento del secreto de sumario este mes de julio marca un antes y un después. Ahora que la causa ya no corre riesgo de ser saboteada desde dentro, se espera que lleguen los pasos más visibles: registros, citaciones, y si las pruebas lo sostienen, detenciones.

Durante años, el juez ha construido una muralla legal para proteger la investigación. Ahora, esa muralla se abre. Y la causa Montoro sale a la luz.