Así es el mapa eólico de España: más de 1.300 parques, más de 22.000 aerogeneradores y cada vez más tensión en el mundo rural

Generamos más energía eólica que casi nadie en el mundo. Pero no todo el mundo está contento. Ni mucho menos. Lo que sobre el papel suena a éxito —una fuente inagotable, limpia y nacional de electricidad—, sobre el terreno se traduce en conflictos, rechazo vecina, impactos ambientales y votaciones inesperadas en el Congreso.

La energía eólica está en el centro del debate, y no solo por sus molinos: también por sus sombras.

¿Cuántos parques eólicos hay en España?

Un total de 1.345 parques eólicos distribuidos por todo el país, con más de 22.000 aerogeneradores en funcionamiento. Están repartidos por 1.050 municipios y generan el 25% de la electricidad que consumismo a nivel nacional. Pero eso no es todo: la capacidad instalada podría llegar a cubrir hasta el 84% del consumo eléctrico. Es decir, tenemos viento para rato… y para muchos más megavatios.

Las comunidades con más peso en esta energía son:

• Castilla y León, líder absoluta en producción.
• Aragón, segunda potencia.
• Galicia, en tercer lugar.

Curiosamente, solo Madrid se queda fuera del mapa eólico: no tiene ni un solo parque instalado.

¿Por qué somos líderes?

Porque no solo tenemos viento, sino también industria. España fabrica todas las piezas necesarias para levantar un parque eólico: desde la tuerca más pequeña hasta las gigantes aspas de los molinos. Una cadena de valor industrial que aporta el 0,3% del PIB nacional y da trabajo a unas 39.000 personas entre empleos directos e indirectos.

Y además, es energía sin emisiones contaminantes, sin residuos, sin importar petróleo o gas, y disponible las 24 horas del día… si hay viento, claro.

Cada año, los molinos españoles evitan que liberemos 32 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. En un mundo que arde por la crisis climática, este dato es oro verde.

Pero… ¿Cuál es el problema?

Que esa transición ecológica —urgente, sí— no se está haciendo igual de bien en todas partes. Galicia y Aragón son dos ejemplos claros. Ambas comunidades concentran una gran parte de los parques eólicos del país, pero sus partidos nacionalistas (BNG y Chunta Aragonesista) acaban de votar en contra de la llamada 'ley antiapagón'. ¿La razón? Denuncian que esa norma era, en realidad, un salvavidas legal para los promotores eólicos y que no tenía en cuenta el impacto sobre sus territorios.

El BNG denuncia un "expolio energético": Galicia exporta casi el 40% de las renovables que produce, pero a cambio soporta cientos de proyectos que "destruyen" el paisaje rural y no dejan beneficios tangibles en las comarcas afectadas. El conflicto ya se ha judicializado: en esta comunidad hay más de 70 parques eólicos paralizados por los tribunales.

En Aragón, la situación es similar: una comunidad líder en generación eólica que ve cómo otras regiones tiran de su energía sobrante mientras sus pueblos asumen los molinos, el impacto ambiental y la fragmentación del territorio.

Impacto ambiental, rural y social

Porque no todo son cifras ni megavatios. Los parques eólicos también hacen ruido. Ocupan espacio. Cambian el paisaje. Y matan aves. Literalmente.

A nivel técnico, también hay pegas: la instalación de un parque cuesta unos diez millones de euros y puede tardar entre seis y ocho años en estar plenamente operativo. Además, la energía eólica no es constante: si no sopla el viento, no hay producción, lo que obliga a seguir dependiendo de otras fuentes para mantener el sistema eléctrico estable.

Pero el mayor conflicto está en la llamada España vaciada: comarcas con poca población, poco poder político y muchos recursos naturales. Ahí es donde se concentran la mayoría de estos parques, con escasa participación ciudadana en la toma de decisiones. Cada vez son más las movilizaciones vecinales que exigen otro modelo de implantación: más equilibrado, más transparente y con beneficios reales para quienes "ponen el terreno".

La energía eólica es, sin duda, una pieza clave en la descarbonización de España y en nuestra autonomía energética. Pero su desarrollo también ha abierto una grieta entre lo urbano y lo rural, entre lo macroeconómico y lo local, entre el discurso verde y la realidad del terreno. Estamos entre los cinco países del mundo con más capacidad eólica instalada, pero seguimos sin resolver cómo compatibilizar la transición energética con la justicia territorial.