El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunciará este miércoles en el Congreso de los Diputados el nombre del nuevo gobernador del Banco de España (BdE). El escogido será el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá. Esta decisión ha generado una notable controversia, ya que Escrivá, no cuenta con el respaldo del Partido Popular (PP), que considera incompatible su actual rol en el Gobierno con la imparcialidad requerida para la supervisión del sistema financiero.
El PP ha criticado duramente el nombramiento, argumentando que la transición de Escrivá del Ejecutivo al BdE pone en duda la independencia de la institución. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha afirmado que "no se puede ser ministro por la mañana y gobernador del Banco de España por la tarde", en una clara alusión a las críticas que Pedro Sánchez realizó en 2016, cuando cuestionó el nombramiento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) por José Luis Rodríguez Zapatero.
Recién llegado a la secretaría general del partido, Pedro Sánchez ya había admitido en corrillos de periodistas que el nombramiento de MAFO había sido un error, señalando la falta de independencia que resultó en la crisis financiera de 2008. MAFO fue criticado por ignorar las señales de alerta y proteger al presidente que le había nombrado, lo que llevó al desprestigio del BdE. La crítica se había llevado a cabo poco antes, en noviembre de 2014 a escala de partido al publicar el PSOE un tuit en el que defendían acabar con la "colonización" de las instituciones por parte de los partidos, mencionando específicamente el Banco de España, entre otros. Esta autocrítica de Sánchez fue repetida en 2016, en unas declaraciones que recogemos en el vídeo.
El nombramiento de Escrivá, con su actual implicación en el Gobierno, ha suscitado preocupaciones similares. A pesar de contar con un currículum adecuado, su transición al BdE sin una separación clara del Gobierno podría comprometer la imparcialidad de la institución. La administración de Escrivá deberá enfrentar la supervisión del sistema bancario y la implementación de reformas clave, incluidas las leyes de pensiones y presupuestos, lo que genera dudas sobre su capacidad para mantener la autonomía necesaria para el cargo.
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