Irene Montero, ministra de Igualdad, decía a principios de noviembre que "no se va a conocer" ningún caso de reducción de penas con la entrada en vigor de la ley de 'Solo sí es sí'. Dos semanas después, se conocen al menos cuatro casos en los que condenados han visto rebajadas sus penas.
Alfonso Pérez Medina explica con todo detalle en el vídeo que acompaña a estas líneas a qué se debe esta decisión, siendo la base de todo el principio de la irretroactividad de la ley penal. ¿Esto qué significa? Que la ley solo puede aplicarse con carácter retroactivo si beneficia al condenado.
Así, pueden darse revisiones de las penas si la ley cambia y este cambio benefica al reo. Los cambios que se han dado con esta ley de 'Solo sí es sí' vienen principalmente por el hecho de que previamente, con el delito de abuso sexual, se podían llegar a imponer penas mayores en muchos casos que los que se pueden imponer ahora con el actual delito de agresión sexual.
En los casos de abuso sexual, se estableció la pena mínima porque no había agravantes. Ahora, no se pueden valorar de nuevo los hechos probados; si no había agravantes antes, tampoco los hay ahora, lo que hace que la horquilla de penas se rebaje.
La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, asegura que "no es un problema de la ley", sino de una "interpretación voluntarista judicial". Esta situación acabará en el Tribunal Supremo, pero hay dos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos (Madrid y Galicia) que consideran que hay que rebajar las penas con la nueva ley.
El Poder Judicial ya avisó que la ley podía "tener un efecto de desprotección de las víctimas, pues para el autor del delito no tendrá mayores consecuencias emplear un medio comisivo más lesivo que otro de intensidad menor". Los jueces consultados hoy por laSexta defienden que está pasando "lo normal", aplicando la nueva ley y rebajando las penas.
¿Se ha intentado cambiar?
Pedir pruebas, citar testigos... lo que pueden conseguir los partidos al personarse como acusación popular
¿Qué implica? El 'caso Koldo' destaca cómo la acusación popular, exclusiva de España en la Unión Europea, se está utilizando con fines políticos. Partidos como PP, PSOE, Vox y otras asociaciones rivalizan por liderar esta figura.