Fiscalizar la migración en la Comunitat Valenciana: ¿gestión o trampa inconstitucional con tintes xenófobos?

Carlos Mazón sabe que, hoy por hoy, su supervivencia en la Generalitat depende de no enfadar a Vox. Cuanto más se le complica la gestión, más necesita el apoyo de sus socios ultraderechistas. Y eso tiene consecuencias visibles: la última, respaldar en Les Corts una propuesta de Vox que busca desglosar a la población migrante en estadísticas detalladas como si fueran fichas en un informe contable. La propuesta pide saber quién contribuye al Estado, quién recibe ayudas, quién usa urgencias, quién dona sangre o quién se ausenta del trabajo.

A simple vista, podría parecer una medida para "optimizar recursos". Pero expertos alertan que separar a la población migrante del resto podría ser inconstitucional, al tratar a un colectivo por separado en registros oficiales, algo que toca principios básicos de igualdad y no discriminación. Además la iniciativa refleja un trasfondo xenófobo, un intento de convertir la migración en un tema político y de control social.

Vox se escuda como siempre en la supuesta relación entre migración irregular y delincuencia. El problema: esta propuesta habla de todos los migrantes, no solo de los irregulares. O sea, regulares e irregulares entrarían en el mismo filtro estadístico, lo que aumenta la polémica. Desde el PP, Mazón y sus compañeros defienden que "cuantos más datos, mejor" para gestionar recursos, aunque la realidad apunta a que la propuesta cumple también una función política e ideológica, más que técnica.

Y esto no es un caso aislado. Durante este año, Vox ha extendido esta estrategia a varias comunidades: proposiciones parlamentarias y solicitudes de informes para que Parlamentos o Cámaras de Cuentas fiscalicen el gasto que supone la migración irregular. En Andalucía el PP votó a favor (aunque después intentó que Vox retirara la iniciativa en la Comisión de Hacienda por defectos de forma); en Aragón y Castilla y León votó en contra; en Canarias se abstuvo hace menos de una semana. A nivel nacional, el PP también ha respaldado medidas similares en el Senado.

Recientemente, en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, PP y Vox aprobaron un informe sobre el gasto en migración ilegal de Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos: 20 votos a favor frente a 15 en contra. Todo después de que Santiago Abascal defendiera en el Congreso que mantener a un migrante irregular "cuesta más" que garantizar la residencia a un anciano español.

Lo que se está viendo es una estrategia nacional de Vox: presionar al PP y a los gobiernos autonómicos para que la migración se presente como un problema económico y social, creando informes y estadísticas que desglosen sus supuestos costes. En la Comunitat Valenciana, Mazón, al plegarse, refuerza su gobierno, pero también normaliza medidas que muchos expertos consideran fuera de la Constitución y con un sesgo ideológico claro.

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