Denunciaron en su momento y no les escucharon: las voces valientes contra el protocolo de la vergüenza de Ayuso

Un juzgado de Madrid ha imputado, por primera vez, a dos ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su presunta implicación en la elaboración y aplicación de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' durante los meses más duros de la pandemia. Estos documentos, firmados en 2020, restringieron las derivaciones hospitalarias de miles de residentes con deterioro cognitivo o problemas de movilidad. Según datos oficiales, 7.291 mayores murieron en residencias de la Comunidad de Madrid sin llegar a ser trasladados a un hospital.

La presidenta madrileña ha salido en defensa de aquellos protocolos, asegurando que se tomaron "en un contexto de colapso sanitario" y que "no se dejó atrás a nadie". Sin embargo, las pruebas documentales y los testimonios recabados en los últimos años dibujan un escenario muy diferente.

Sabían lo que pasaba: advertencias ignoradas

Desde el primer momento, trabajadores de los geriátricos, sindicatos y responsables técnicos alertaron de la gravedad de lo que se estaba ordenando. El protocolo no solo impedía trasladar a enfermos con baja puntuación funcional, sino que, en la práctica, condenaba a la mayoría de los residentes a morir sin atención hospitalaria.

En medio del caos, hubo quienes no callaron. Entre ellos, Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales, que este viernes ha vuelto a hablar en Al Rojo Vivo, recordando su dimisión meses después por desacuerdos con las decisiones impuestas desde la Consejería de Sanidad: "Tenemos que negarnos. No se puede discriminar en función de la discapacidad".

Familias y oposición: la lucha por la verdad

Mientras los protocolos se firmaban, muchas familias intentaban sin éxito llevarse a sus mayores a casa. Sabían lo que estaba ocurriendo. Algunas acudieron a los tribunales, otras alzaron la voz en los medios. Valientes que no se resignaron al silencio y que, cinco años después, siguen peleando porque se conozca toda la verdad.

También la oposición en la Asamblea de Madrid ha exigido repetidamente una comisión de investigación. Aunque el Gobierno del PP, con mayoría absoluta, la redujo a trámite anecdótico, los intentos por esclarecer los hechos no han cesado.

Ahora, la imputación de los primeros responsables pone de nuevo el foco en unas decisiones políticas que marcaron una tragedia colectiva. Lo sabían. Se les avisó. Y aun así, los protocolos se aplicaron.