La ley de amnistía ha generado un intenso debate político en España. PSOE, Junts, y Esquerra han logrado adaptar las controversias de la amnistía -como el terrorismo, la traición y la malversación- a los estándares europeos, considerados más garantistas. Esta maniobra legislativa ha sido criticada por el PP como "corrupción de poder", mientras en Junts se especula con la posibilidad de que Puigdemont pueda estar en España ya para julio.
La puerta a la participación política de Carles Puigdemont en las próximas elecciones catalanas se mantiene abierta. Jordi Turull ha señalado que, dada la no inhabilitación de Puigdemont y la posibilidad de levantar las medidas cautelares, su candidatura es viable. Este escenario es posible incluso antes de que la ley de amnistía se aplique en su totalidad y a la espera de posibles recursos.
Ante un posible recurso contra la ley una vez Puigdemont regrese a España, la situación legal se complica pero no imposibilita su estancia en el país. La Sala Segunda del Supremo podría suspender el proceso judicial mediante una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, permitiendo a Puigdemont permanecer en España sin ser detenido, gracias a la suspensión de las medidas cautelares, incluida la orden de detención.
Finalmente, si la respuesta de Europa fuera adversa a la Ley de Amnistía, Puigdemont enfrentaría un escenario de incertidumbre. Aunque no tendría que abandonar Europa de inmediato, la reanudación de los procedimientos judiciales en España podría llevar a la adopción de nuevas medidas cautelares contra él, obligándolo potencialmente a huir nuevamente para evitar la detención.
El TS aún podría imputarlo
Ábalos lo niega todo porque puede hacerlo (de momento): su condición en el caso es crucial
¿Qué niega? Ábalos niega las acusaciones de amaño de contratos, corrupción, recibir comisiones y vínculos con empresas relacionadas con su ministerio. También desmiente estar involucrado en la compra de un chalé y en el pago de un apartamento a su pareja.