Consumo propone multar a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, tras la apertura el pasado marzo de un expediente sancionador por parte del departamento que dirige Pablo Bustinduy.

"3.600.902 euros. Esa es la cuantía a la que asciende la multa que la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto para Alquiler Seguro (...)", según ha revelado este lunes la asociación de consumidores Facua.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que la propuesta de sanción conocida este lunes es "uno de los pasos intermedios dentro de un procedimiento del expediente del Ministerio" y ha subrayado que no puede valorarla mientras esté en curso.

"Lo que se ha conocido hoy es una propuesta de sanción, es uno de los pasos intermedios dentro de un procedimiento del expediente del Ministerio de Consumo, y yo, porque vivimos en un sistema muy garantista, no me puedo posicionar, no puedo opinar sobre un procedimiento que está en curso, porque eso contradiría las garantías que asisten a las partes", ha defendido en una entrevista en la 'La hora de la 1' de TVE.

Ahora, una fase de análisis que durará meses

Hace unos meses, Consumo abrió un expediente sancionador a una "gran agencia inmobiliaria" por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler en todo el territorio nacional, sin revelar inicialmente el nombre de la empresa.

Posteriormente, Facua informó que la compañía afectada era Alquiler Seguro, a la que denunció en noviembre de 2023 por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la legislación vigente tras la promulgación de la ley de vivienda.

La propuesta de sanción presentada por el Ministerio, que debe ser valorada ahora por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, continuará en fase de análisis durante los próximos meses, dado que se espera una decisión una vez revisadas las alegaciones formuladas por las partes.

En la resolución, que ha sido comunicada a Facua conforme a lo establecido en la ley, ya que la asociación figura como parte personada en el procedimiento, se detallan las irregularidades localizadas en los contratos que la inmobiliaria firma con los arrendatarios, mientras se desestiman las alegaciones de la agencia contra la primera propuesta de sanción emitida en marzo.

El expediente se inició por denuncias de organizaciones de consumidores

Bustinduy, en este contexto, ha explicado que el expediente se ha hecho público porque "hay partes implicadas en el procedimiento" y ha recordado que "el proyecto se originó por denuncias de organizaciones de consumidores".

Entre dichas irregularidades, Consumo destaca la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, mediante el que se encubre el cobro de gastos que deberían ser asumidos por el propietario, así como la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica; a ello se añade la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de todos los gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.

"El Ministerio de Consumo tiene recursos limitados, pero los vamos a poner todos siempre a disposición de asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley. Y en el mercado de la vivienda especialmente, se ha impuesto la 'ley de la selva' en los últimos años y se ha hecho que los inquilinos se vean en una situación de indefinida indefensión", ha afirmado.

Fraude de ley en el servicio de atención al inquilino

Desglosada por conceptos, el Ministerio de Consumo ha propuesto una multa de un millón de euros a Alquiler Seguro por el cobro al inquilino de servicios que, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, "corresponde satisfacer a la parte arrendadora".

El denominado Servicio de Atención al Inquilino (SAI) obligaba al arrendatario a pagar "una mensualidad de renta más IVA/IGIC", posteriormente cambiada a "990 euros más IVA/IGIC", por conceptos como gestión documental o estudio de solvencia.

La resolución sostiene que "no puede ampararse que, bajo la apariencia del cobro por el SAI, Alquiler Seguro eluda la prohibición del cobro de los gastos inmobiliarios y de formalización del contrato", y que estos se imponían al inquilino "aunque no reportan beneficio alguno, sino al propietario".

El expediente señala que el contrato SAI "se presta durante toda la vigencia del contrato de arrendamiento por lo que un inquilino pagaría lo mismo por los servicios se prestasen durante seis meses o durante cinco años", criticando la falta de proporcionalidad y los beneficios exclusivos para la parte arrendadora.

Multa por imposición de seguros y cláusulas abusivas

Consumo ha planteado una segunda sanción de 990.900 euros por exigir a los inquilinos la contratación de un seguro de hogar, una práctica que "beneficia al arrendador respecto de las coberturas relativas a responsabilidad inmobiliaria, continente y contenido", y traslada al arrendatario el pago de una prima por daños que "realmente no ha de responder".

El contrato de Alquiler Seguro también incluía cláusulas que obligaban a los inquilinos a "hacer frente a todos los gastos, derechos, impuestos o tasas judiciales" y autorizaban su inclusión en ficheros de morosos "en caso de impago de cualquier cantidad".

Finalmente, el expediente recoge una potencial infracción por limitar el derecho de desistimiento sobre el SAI, señalando que "muchas de las prestaciones que incluye ni siquiera se ejecutarán durante el contrato si el inquilino no está interesado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.