Siguen las criticas al ministro Garzón por sus ataques a las macrogranjas. La parte socialista del Gobierno cree que el ministro de Consumo se equivocó en el 'dónde' -un medio internacional-, en el momento -se acercan elecciones en Castilla y León-, en el cómo -sin contar con el resto del Gobierno- e incluso en el mensaje -piensan que con sus palabras puede hacer daño a la industria cárnica española-. Pero lo más curioso de esta historia es que todos en el Gobierno están de acuerdo en el fondo.
Primero, que toda la carne que vende España es buena, incluida la de las macrogranjas. Y segundo, que el modelo ideal para la ganadería española no son esas macrogranjas. En 2019, Pedro Sánchez -ya era presidente del Gobierno- advertía de la necesidad de "reflexionar sobre la reducción del consumo de carne, apostar por la ganadería ecológica, que tiene gran valor ambiental y social y que además genera empleo en el medio rural, que es uno de los principales desafíos que tenemos, para obtener alimentos seguros, mejores, más sanos y más respetuosos con el medio ambiente".
Es el mismo Sánchez que el del Chuletón al punto. En las últimas horas, el líder del Ejecutivo ha "lamentado" esta polémica, pero no ha apostado por la ganadería "a menor escala", como dijo en 2019. Algo parecido ha sucedido con Luis Planas. El ministro de Agricultura ha preferido poner el foco en que la carne de las macrogranjas es absolutamente saludable, y es cierto; igual de cierto como que su propio Ministerio trabaja en un decreto para limitar el número de vacas en las granjas.
Así lo anunció el propio Planas: "El Gobierno de España aprobará en 2021 un decreto de regulación de las granjas de vacuno, vacuno de carne y vacuno de leche". El decreto se sigue trabajando en el Ministerio. Hay más socialistas cabreados con Garzón porque creen que perjudicó los intereses de las empresas cárnicas españolas, pero que también han legislado contra las macrogranjas: el primero, Javier Lambán en Aragón. Su Comunidad no va a permitir nuevas macrogranjas salvo contadísimas excepciones.
Eso es, al menos, lo que han trasladado desde el Gobierno. También está el caso de García-Page, que en Castilla-La Mancha ha llegado a aprobar una moratoria, aunque ahora sea crítico con Garzón. Y fue hace solo un mes: "Vamos a aprobar una normativa inmediatamente que establecerá una moratoria para la autorización de granjas y macrogranjas en la comunidad autónoma". Se da la casualidad de que el mismo Alberto Garzón estaba de acuerdo con las palabras de Page.
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El PP también tiene sus contradicciones. De sus líderes nacionales no hemos escuchado nada, pero en la política local, cuando hay que decidir si quieres o no una de estas macrogranjas en tu puebo, ahí el PP se ha situado en contra de ellas. En el municipio de Yecla, en la Región de Murcia, se paralizó la construcción de esas macrogranjas. Algo parecido ocurrió también en Cieza con el PP. También las Nuevas Generaciones del PP de Albacete lo dejaron bien claro en Twitter: "PP y Nuevas Generaciones contra las macrogranjas".
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