Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, sobre el fallo contra García Ortiz: "Demuestra una ignorancia supina del derecho"

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha sido condenado a dos años de inhabilitación por parte del Tribunal Supremo por revelación de datos reservados. Esta sentencia no ha sido unánime, ya que, como señala Sandra Sabatés, "cinco magistrados conservadores consideran culpable al fiscal mientras que las dos progresistas eran partidarias de la absolución". José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, indica que el hecho de que se den disidencias en el Tribunal "no es extraño".

"En este caso, es una disidencia llamativa porque han formado parte de esa sala unos señores que, cuando les llegó la querella de González Amador, esa querella iba por la nota del día 14 de marzo". Para el magistrado emérito, ese día "todo esto era un secreto a voces y, por tanto, ya no podía haber revelación de secretos". "Resulta que el abogado dice 'esta nota es delictiva', se la manda al Tribunal Superior de Justicia y, de ahí, al Supremo", añade.

Cuando llegó al Alto Tribunal estos señalaron que la nota no era delictiva, como indica Martín Pallín. "Pero, claro, desde el 2 de febrero al 13 de marzo, esa noticia de la conformidad se ha podido filtrar sin necesidad de la nota y, entonces, tiran por ahí", afirma el magistrado emérito.

Martín Pallín señala la necesidad de esperar a que se publique la sentencia. "Han adelantado el fallo", cuenta, "y ese fallo no lo pueden variar ya porque ese fallo demuestra una ignorancia supina del derecho". Y añade: "Si lo dicen en un examen en la facultad de derecho los suspenden".

El magistrado emérito apoya su afirmación en dos motivos. Por pide a los "señores de la sala" que se lean la Constitución y el Estatuto del Ministerio Fiscal. "La Constitución sitúa al fiscal en el ámbito del poder judicial y el poder judicial no es administración".

A esto se debe añadir que el estatuto señala que "la fiscalía no es un órgano de relevancia constitucional, no es administración pública, por tanto, no se puede castigar a una persona que no pertenece a las personas que designa el artículo 417 del Código Penal". Martín Pallín indica que los acusados deben estar "indignados y subiéndose por las paredes", ya que "le han aplicado el 417 primero, con esa multa y esa contribución generosa, pero, resulta, que hay un numero debajo que dice que si se revelan los secretos de un particular la pena es de 2 a 4 años, y le han puesto una multa". "A ver si aprenden derecho", concluye.

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