Cartas al programa
'S. Cerdán' escribe a El Intermedio sus dudas sobre el caso Koldo: "¿Algún consejo para asegurarme contratos públicos?"
El Intermedio ha recibido en los últimos días varias cartas anónimas' con dudas sobre el caso Koldo y las supuestas comisiones ilegales. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.
En las últimas 48 horas, El Intermedio no ha parado de recibir cartas de 'espectadores' con dudas sobre el caso Koldo y las comisiones ilegales que presuntamente habrían cobrado José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el propio Koldo García.
Desde la redacción del programa, Thais Villas lee la primera consulta 'anónima': "Hola, soy José Luis. Soy muy fan del programa, lo que pasa es que a estas horas normalmente no estoy en casa. Quería preguntar si hay una ley que impida a las empresas que dan sobornos —que para mí son las que han trincado y no el pobre Ábalos— participar en concursos públicos".
En plató, Sandra Sabatés responde con datos: sí, existe una ley. Concretamente, la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, que en su artículo 71 establece que "aquellas empresas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme" no pueden ser contratadas por las administraciones públicas.
Eso sí, Sabatés aclara que esta prohibición no es permanente y que, en la práctica, rara vez se aplica con agilidad, ya que los procesos judiciales suelen tardar mucho. Durante ese tiempo, las empresas señaladas pueden seguir presentándose a concursos públicos sin impedimentos.
Thais Villas continúa con una segunda carta: "Buenas noches, soy S. Cerdán. Me gustaría mantener mi anonimato. El caso es que estoy en un momento de mi vida en el que he decidido reinventarme y estaba pensando en montar una pequeña constructora. ¿Algún consejo para asegurarme contratos públicos?"
A esto, Sandra Sabatés responde que "las pequeñas empresas lo tienen bastante difícil para acceder a los grandes contratos públicos" . De hecho, recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con más de 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras de España por alterar durante más de 25 años el proceso competitivo en licitaciones públicas.