El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el diálogo en la ley de amnistía , que califica de "valiente, reparadora y constitucional". Preguntado en una entrevista en Al Rojo Vivo sobre si va a modificar la proposición de ley que fue rechazada por Junts en el Congreso para incluir todos los tipos de terrorismo y el delito de alta traición, el presidente Sánchez ha insistido en que no está en su intención tocar el texto. "No es una cuestión de ceder, hemos hecho todos un esfuerzo", ha añadido. "No es nuestra intención tocar el texto, pero entre todas las agrupaciones políticas tendremos que encontrar una solución", ha continuado convencido de que esa ley verá la luz.
No obstante, ha recalcado que la proposición, tal como está ya redactada, cubre "todos los supuestos" del 'procés'. "Máxima disposición al diálogo, pero siendo conscientes de que hemos logrado un buen acuerdo y de que va a cubrir todos los supuestos que ahora mismo incumben al movimiento independentista", ha subrayado, señalando aquí que el PSOE ya dijo que "no".
Sánchez ha insistido en que cree que el actual texto de la proposición de amnistía es "bueno" y ha defendido que es una ley "reparadora, ley valiente y plenamente constitucional", además de "alineada con el Derecho Europeo". Dicho esto, el jefe del Ejecutivo ha emplazado a encontrar una "solución" entre todas las formaciones políticas para que salga adelante la ley de amnistía, que él está "convencido de que va a salir".
También ha descartado que desde el Gobierno estén estudiando modificar la definición de terrorismo en el Código Penal. "El independentismo no es terrorismo", ha reitera Sánchez en varias ocasiones a lo largo de la entrevista en Al Rojo Vivo. "El terrorismo no es equiparable al independentismo, es de sentido común. Somos conscientes de lo que ha sido el terrorismo y lo vencimos. Nada tiene que ver una cosa con la otra", añade el rpesidente del Ejecutivo. Por ello, Sánchez cree que es un "momento de templanza, contención y capacidad de negociación".
Recortar el tiempo de las instrucciones de los jueces
Más abierto se ha mostrado a realizar una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) como parte de la negociación para convencer a Junts de que vote a favor de la ley de amnistía.
Preguntado sobre una reforma de esta norma con el objetivo de recortar en el tiempo las instrucciones de los jueces, Sánchez ha afirmado que en las últimas semanas se han visto "instrucciones que se prolongan" en referencia a las últimas decisiones judiciales que podrían poner en peligro que algunos líderes independentistas como el expresidente catalán, Carles Puigdemont, se pudiesen acoger a la amnistía.
"Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas", ha señalado. Considera además que esta posible reforma "se encardina perfectamente" en la ley de eficiencia de la Justicia que se convalidó hace unas semanas en el Congreso de los Diputados.
Al ser cuestionado de nuevo sobre este asunto, es decir que pretende no tocar el texto de la amnistía pero sí una reforma que afecte a la instrucción judicial, Sánchez ha señalado: "Vamos a hablar con los grupos parlamentarios para ver exactamente qué márgenes tenemos de mejorar una ley que, insisto, es valiente, es reparadora y, sobre todo, es constitucional".
Diferencias entre el juez García Castellón y los fiscales
Precisamente, en las últimas horas, elfiscal del Tribunal Supremo (TS) Álvaro Redondo ha emitido un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue a Carles Puigdemont por terrorismo, contestando así a la exposición razonada que envió al TS el juez de la Audiencia Nacional que instruye 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, para que imputara al expresidente catalán por estos delitos.
Considera que no existen indicios de delito contra Carles Puigdemont y, por lo tanto, no debe ser imputado por la Sala Segunda del Alto Tribunal, informan a laSexta fuentes jurídicas. Defiende, además, que los hechos investigados en el caso Tsunami no constituyen delitos de terrorismo, sino que deben ser tipificados como desórdenes públicos agravados y daños.
De esta forma, Redondo coincide con el criterio del fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo. Discrepa de la valoración que realizó el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, en la que apreciaba delitos de terrorismo contra Carles Puigdemont, Marta Rovira y otras diez personas.
Con la amnistía en el aire
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