La manifestación más extrema de la violencia de género volvió a golpear el pasado domingo, cuando un hombre de 47 años asesinó a su hijo, de 11 años, en la localidad valenciana de Sueca. Este es el primer caso de 2022 de la llamada violencia vicaria, la que se comete directamente contra los hijos u otra persona importante a cargo con la intención de intensificar el daño a la madre. En este caso, además, el asesino había sido condenado por malos tratos a su expareja, y madre del menor. El Tribunal Superior de Justicia la Comunidad Valencia ha admitido que no se cruzaron los datos de la sentencia en la que le retiraban la custodia compartida.

Lamentablemente, este suceso tiene características que se repiten en los casos de violencia vicaria: el agresor era el padre biológico del menor, expareja de la madre y cometió el asesinato en el fin de semana en el que el niño estaba a su cargo, según estaba concertado en el régimen de visitas.

Así es como se suceden la mayoría de casos de violencia vicaria, y podemos saberlo ahora gracias al primer estudio que se ha llevado a cabo en España sobre este tipo de violencia machista. La investigación ha analizado 51 casos de muertes de menores a manos de las parejas o exparejas de sus madres entre 2000 y 2021 (según datos oficiales, en España ha habido 47 desde que empezaron los registros en 2013) y de las cifras se extraen algunas conclusiones que denotan la desprotección de los menores en la violencia de género.

Por ejemplo, que casi la mitad de los asesinatos se produjeron durante el régimen de visitas o de custodia compartida. Además, el 66% de los casos tuvieron lugar estando separados o en trámites de separación o divorcio, y también en la mayoría (74%) se identificó violencia de género hacia la mujer antes del asesinato de los niños y niñas.

Otra de las conclusiones que se extraen de la muestra estudiada es que la mayoría de los asesinatos se planifican y no se producen en caliente: solo el 20% se producen durante una pelea, como muestran los siguientes datos. Los datos, de nuevo, vuelven a traer a la mente el asesinato de los niños cordobeses Ruth y José, que conmocionó a España hace más de diez años y nunca fue juzgado como violencia vicaria.

Al igual que sucede con el maltrato directo sobre la mujer, solo en el 20% de los asesinatos de violencia vicaria se había alertado previamente a las autoridades del peligro, igualmente, solo en una mínima parte contaba con medida de protección hacia la madre.

En cambio, del estudio no se obtiene un perfil claro del maltratador, pues no se puede identificar un patrón relacionado con el consumo de drogas o estupefacientes y son una minoría los que tenían un trastorno mental diagnosticado. Ninguno tenía empatía. Algunos de los datos más llamativos del informe revelan que la inmensa mayoría de los agresores (68%) son españoles y, además, con edades comprendidas entre los 30 y 50 años. Tampoco se puede apreciar patrones por estudios o situación laboral: de la mayoría de los asesinos no se conoce su nivel de estudios ni si estaban trabajando o no.

El estudio, elaborado por la psicóloga clínica y perita judicial Sonia Vaccaro, y coordinado por la Asociación Mujeres de Psicología Feminista de Granada (AMPF), recoge cómo los menores están desprotegidos generalmente por la justicia, ya que las instituciones no asocian el delito y el daño sobre la madre con la peligrosidad de quedar al cuidado y en contacto con los menores. Este punto es algo sobre lo que ya se ha llamado la atención desde el Ministerio de Igualdad. "Si hay violencia de género las medidas sobre el régimen visitas debe dictarlas el mismo juez. Esto ya es así en 1ª instancia pero no en 2ª", se quejó este lunes Ángela Rodríguez Pam, secretaria de Estado de Igualdad. "Si un padre maltrata, no puede haber visitas, lo dice la ley", zanjó.

Esa flaqueza es la que se ha manifestado en el caso de Sueca que, aunque sí existía una sentencia en la que se retiraba la custodia compartida al padre, pudo seguir disfrutando de ella al no cruzarse los datos entre los diferentes tribunales.

Por ello, apunta Mariló Rubio, presidenta de AMPF, habría que cuestionar a la Justicia la necesidad de actualizarse, formarse o cambiar los protocolos: "Hay que cambiar para proteger al menor realmente", dice a lasexta.com. Porque, de todos los casos analizados en el estudio, ninguno de los menores contaba con medidas de protección propias.

Es especialmente dramático que todos los casos analizados sean de asesinatos de niños de 10 o menos años y, de estos, el 64% tenía entre 0 y 5 años. "La poca edad de las criaturas nos muestra el grado de vulnerabilidad e indefensión de las víctimas", explica el texto. Rubio aprovecha para recalcar esta idea, e insistir en "tenemos elementos para proteger a la infancia". Además, hace un llamamiento para evitar, en todo caso, "culpabilizar a las madres".

La problemática se revela aún mayor viendo los datos: en un 60% de los casos hubo amenazas previas al asesinato. En concreto, hubo amenazas contra la mujer, sobre los hijos o hijas o amenazas dirigidas "hacia la integridad de la mujer". De hecho, "solo en un 12% de los casos el asesinato se cometió sin amenaza previa", indica el texto.

Para Rubio, "no hay que disociar el delito de violencia de género con ser buen padre". Unas declaraciones que repite también Irene Montero, la titular de Igualdad: "La ley de Infancia ha sido un paso muy importante. Un maltratador nunca puede ser un buen padre", dijo en una entrevista en TV3 el mismo lunes tras el caso de Sueca. "Tenemos que entender qué está fallando", reconoció la ministra.

De hecho, el informe alerta de que la "no aplicación" de la perspectiva de Género en el análisis y enjuiciamiento de estos delitos "no permite asociar ni la peligrosidad previa del agresor, ni la vulnerabilidad de sus víctimas". Además, la experta alerta de que ha observado cómo en algunas sentencias "la madre llega a ser culpada y condenada como 'partícipe' por omisión de la conducta de protección, por no haber impedido el asesinato o no haber transmitido el riesgo de la conducta del asesino".

Es más, también el estudio ha podido observar cómo en estos casos tampoco había informes específicos sobre la situación de los menores antes de ser asesinados por sus padres. "Se desconoce su vínculo previo con el agresor, su estado emocional, si presentaba signos o síntomas previos a ser asesinados, si había manifestado algo que hiciese prever la conducta de alto riesgo del agresor, etc.". Todo eso pese a ser los supuestos objetos de las mencionadas causas judiciales que han sido estudiadas.

"Las niñas y los niños son invisibles en estas causas, no existen, no se les considera, no tienen voz y por lo mismo, falla la protección", lamenta la autora del informe en sus conclusiones. Vaccaro añade que la palabra de los menores "es devaluada, al punto de silenciarla", por lo que, a su juicio, "se comete una discriminación flagrante por causa de su edad, olvidando que son seres de derecho con derechos".

Un forma de violencia en crecimiento

Además, apuntas estas expertas, este fenómeno ha crecido en los últimos años. Y no sucede solo en España. El estudio de Vaccaro cita una investigación británica que parte desde el año 1980, y que muestra cómo estos asesinatos se han incrementado a partir del S. XXI y tienen relación directa con las leyes de protección de la mujer: el maltratador acaba buscando nuevas formas de hacer daño a la mujer cuando no puede continuar ejerciendo el poder y el control sobre ella, y aprovecha esa desprotección de los niños y niñas.

De hecho, el año pasado fue peor desde que hay registros: en 2021 se duplicó el número de menores asesinados por violencia de género, que pasaba de los 3 contabilizados en 2020 a los 6 registrados ese año. Una cifra que podría aumentar a 7 si se contabiliza en esta estadística a la niña de tres años presuntamente asesinada por su padre la noche del 30 de diciembre en Madrid. Además, 30 niños se quedaron huérfanos de madre por esta lacra en 2021.