En 2022 en la Unión Europea se generaron 59,2 millones de toneladas de desperdicios alimentarios, incluidas partes comestibles y no comestibles, lo que supone un desperdicio de 132 kilos por habitante, según datos publicados este viernes por Eurostat. De estos desperdicios, más de la mitad (54 %) se produjeron en los hogares, lo que supone 72 kilos de deshechos por cabeza, mientras que el resto procedieron de otras partes de la cadena de suministros.

Los fabricantes de comida y bebida fueron responsables del 19 % de estos desperdicios, seguidos de los restaurantes y servicios de comidas (11 %), los comercios y distribuidores de alimentos (8 %); y los productores del sector primario (8 %), según las cifras de la oficina de estadística comunitaria.

"Solo en Europa, cada año se desperdician 59 millones de toneladas de comida con un coste de miles de millones de euros. Mientras tanto, millones de europeos no pueden permitirse una comida saludable al día. Este es un desperdicio inaceptable de recursos, desde agua, hasta terreno, pasando por energía y trabajo", dijo la comisaria europea de Salud, Stella Kyriakides.

En todo el mundo, un tercio de los alimentos producidos en 2024 se perdió o malgastó, recordó la comisaria en un comunicado con motivo del Día Mundial para la Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, que se celebra el domingo. "Es nuestro imperativo moral y ecológico actuar", dijo la chipriota, quien subrayó que la UE se ha propuesto reducir a la mitad la cantidad de desperdicios alimentarios para 2030.

Para ello, Bruselas propuso en 2023 una revisión de la directiva de desperdicios alimenticios que pide a los Estados miembros tomar medidas para reducir hasta el final de esta década un 10 % los deshechos generados en las fases de procesado y fabricación de alimentos, así como en un 30 % (per cápita) los producidos en conjunto por restaurantes, servicios de alimentación y hogares.

El Consejo de la UE (los Estados miembros) está de acuerdo con estas metas, mientras que la Eurocámara ha pedido elevar los objetivos de recorte hasta el 20 % y el 40 %, respectivamente. Ambas instituciones todavía tienen que negociar la norma y llegar a un consenso para que esta pueda ser aprobada y entre en vigor. Lograr estos objetivos "requiere el esfuerzo colectivo de todos los sectores de la sociedad: gobiernos, empresas e individuos", dijo Kyriakides.

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