Los afectados por los bebés robados se sienten olvidados, pero no se rinden. Aunque ni la Justicia ni la administración les escuche ellos seguirán con las movilizaciones y, por supuesto, presentando denuncias en los juzgados. Calculan que entre las décadas de los años 20 y 90 se produjeron en España unas 300.000 adopciones irregulares.
Una llamada de teléfono cambió la vida de Antonio por completo. Él siempre había sospechado que era adoptado y un día su mejor amigo de la infancia se lo confirmó. Le dijo que sus padres lo compraron en Zaragoza. Pagaron por él 150.000 pesetas a una monja. En ese momento, se dio cuenta de que sus 38 años de vida habían sido una mentira.
Su lucha se centra ahora en saber de dónde viene y quién es. Tras descubrir que su partida de nacimiento era falsa, Antonio decidió pedir explicaciones a la justicia. Hace tres años, él y otras muchas familias dejaron sobre la mesa de la Fiscalía General del Estado una denuncia colectiva por el robo de 261 niños. Querían que sus casos fueran investigados, pero durante todo este tiempo, la Justicia no ha hecho más que archivarlos.
Otro caso es el de Eusebio y Agustina que llevan más de 30 años sospechando que su hijo no murió, se lo robaron. Llevan meses intentando recopilar la documentación necesaria para denunciar su caso ante la justicia, pero todo son obstáculos.
Los médicos que firmaron las partidas de nacimiento y defunción de su bebé no existen. Tanto sus nombres como sus números de colegiados son falsos. Pero no piensan darse por vencidos.
Por más que la Justicia se niegue a escucharlos, ellos seguirán haciendo ruido.
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