En el decreto, la presidenta andaluza transfiere esas competencias a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que dirige la socialista María Jesús Montero. Susana Díaz toma esta decisión "con el fin de asegurar la máxima eficacia de la acción administrativa para el desarrollo del programa político del Gobierno, teniendo en cuenta las circunstancias sociales y económicas de Andalucía", indica el decreto.
La Consejería de Vivienda mantiene sus competencias excepto las relativas a la adjudicación de viviendas protegidas de titularidad autonómica en los supuestos previstos en el artículo 12, apartado 5 y 13, del decreto 149/2006, de 25 de julio, precisa la resolución de la presidenta. En ese decreto se aprueba el "reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, en materia de vivienda protegida y suelo".
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