Prisiones de Madrid
Los sindicatos denuncian que el 76% de las plazas médicas están vacantes en las prisiones de Madrid y alertan del riesgo sanitario y de seguridad
Los detalles Exigen la cobertura urgente de las plazas médicas vacantes, sin "parches puntuales", un plan específico de salud mental penitenciaria y el fortalecimiento de los protocolos de prevención de agresiones, entre otras medidas urgentes.
Fachada de la prisión de Soto del Real, a 27 de noviembre de 2025 (Archivo)CSIF denuncia la grave situación que atraviesa la sanidad penitenciaria en la Comunidad de Madrid por la falta de médicos y la necesidad de reforzar las plantillas de enfermería, auxiliares de enfermería y profesionales especializados en salud mental.
Según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Instituciones Penitenciarias, actualizada a 1 de octubre de 2026, 56 de las 74 plazas médicas de los siete centros penitenciarios ordinarios de Madrid figuran vacantes, lo que supone aproximadamente el 76% del total.
Para CSIF, esta situación no solo compromete la calidad de la asistencia sanitaria a las personas privadas de libertad, sino que también dificulta la detección y el tratamiento de determinadas patologías, especialmente las psiquiátricas, y puede incrementar el riesgo de incidentes violentos y agresiones a los funcionarios penitenciarios.
El pasado 29 de septiembre, dos funcionarios resultaron lesionados tras ser agredidos por un interno con patologías psiquiátricas en Soto del Real. Uno de ellos continúa de baja laboral.
Una falta de médicos "especialmente preocupante"
Los datos reflejan una situación crítica en varios centros penitenciarios madrileños. En Valdemoro (Madrid III), las nueve plazas de médico general figuran vacantes, al igual que las dos plazas de médicos de especialidades. En total, hay 11 puestos médicos sin cubrir. En Alcalá-Meco (Madrid II), de las ocho plazas de médico general, siete están vacantes. Además, figuran vacantes las tres plazas de médicos de especialidades.
En Navalcarnero (Madrid IV), de las ocho plazas de médico general, cinco están vacantes. A ello se añaden siete vacantes en las ocho plazas de médicos de especialidades de unidad asistencial sanitaria y otra vacante en la plaza de médico de unidad asistencial sanitaria. En Soto del Real (Madrid V): cinco de las ocho plazas de médico general están vacantes, además de las cuatro plazas de médicos de especialidades.
En Estremera (Madrid VII): seis de las ocho plazas de médico general están vacantes. En Aranjuez (Madrid VI): cuatro de las ocho plazas médicas permanecen vacantes. En Madrid I- Mujeres: tres de sus seis plazas médicas están vacantes.
Una situación que CSIF considera inadmisible y que alertan de que dificulta el seguimiento de enfermedades, la continuidad de los tratamientos y la atención de urgencias.
Además, consideran que recurrir a contrataciones puntuales de médicos es un parche insuficiente y que la ratio de médicos por interno continúa siendo inadecuada para garantizar una atención sanitaria suficiente, continuada y de calidad.
CSIF exige que la Administración abandone las soluciones temporales y apueste por cubrir de forma estable las plazas vacantes y dimensionar las plantillas médicas en función de la población penitenciaria y sus necesidades asistenciales reales.
Las medidas urgentes que exigen
Ante esta situación, CSIF reclama al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cinco medidas de urgencia. Exigen la cobertura urgente de las plazas médicas vacantes, con mejoras laborales y retributivas que permitan atraer y retener profesionales. Piden el refuerzo de las plantillas de enfermería y auxiliares de enfermería, adaptándolas a las necesidades reales de cada centro. Reclaman un plan específico de salud mental penitenciaria, con atención psiquiátrica especializada, seguimiento de pacientes y prevención del suicidio.
También exigen el fortalecimiento de los protocolos de prevención de agresiones y actuación ante crisis psiquiátricas, garantizando la protección de los empleados públicos. Y una mayor coordinación con los servicios públicos de salud, que permita garantizar la continuidad asistencial y una atención especializada adecuada.