Pagar por producir energía generada a partir del Sol es una medida que no acaba de convencer a los centenares de hogares españoles que, mediante paneles o tejas solares fotovoltaicas, gestionan un autoconsumo eléctrico.
Desde que el pasado 11 de abril se aprobase el Real Decreto que obliga a las viviendas con estas instalaciones a inscribirlas en el registro oficial, varios son los factores que han ocasionado un rechazo genérico a la adopción de esta legislación.
El breve plazo otorgado para el registro de las instalaciones domésticas, así como las diversas trabas burocráticas para ejercer el pertinente registro han impedido que se hayan regularizado con normalidad los sistemas de autoconsumo domésticos que el Gobierno tenía previsto.
Esto es, centenares de viviendas que generarían un consumo superior al 60 mW. En este sentido, la falta de información y los duros y costosos requisitos implantados para la aplicación del decreto han supuesto un impedimento para las viviendas que optaban voluntariamente por el registro de sus instalaciones.
En este sentido, las viviendas con paneles o tejas fotovoltaicas deben pedir un permiso a la compañía encargada del abastecimiento eléctrico, instalar un contador alternativo al convencional para medir el consumo de energía solar y el pago del pertinente estudio de conexión suponen algunos de los problemas que muchos de los propietarios de tejas o paneles solares para uso doméstico no están dispuestos a asumir.
Pero el mayor impedimento a la hora de adherirse a la normativa que impone la Legislación de Autoconsumo Fotovoltaico parece ser la de la discrepancia que expresan los propios consumidores respecto al pago del llamado 'impuesto al sol'.
En este sentido, una de las mayores quejas presentadas es el pago del excedente por el uso de de la red de transporte energético, estructura que usan sólo los consumidores de energía convencional, que hace aumentar de forma notable el coste de utilización de la instalación solar.
Otro gasto más
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