Hay cuatro nombres propios que encabezan la investigación del incendio de las tres discotecas de Murcia, que tuvo lugar en la madrugada del pasado domingo. El primero es el del propietario de la discoteca Teatre, Juan Inglés Rojo, la persona a la que se le comunicó la orden de cierre de su discoteca. A pesar de eso la mantuvo abierta. Es más, solicitó su reforma para dividirla en dos espacios diferentes. Se le denegó.

Inglés también gestionó otra discoteca en San Pedro del Pinatar, un local que se incendió en 2019 y que continuó abierto sin licencia, como ha desvelado El Confidencial. El nombre del empresario también está vinculando con más de una docena de empresas, alguna dedicada, hace años, a préstamos usureros.

Por otro lado están los hermanos Daniel y Juan Esteban Ramírez, responsables de 'La Fonda Milagros', ese segundo espacio que se creó en la discoteca Teatre y que no tiene licencia. Juan Esteban ha asegurado recientemente que desconocía la situación legal del espacio que alquila. "Nunca se me notificó como tal que no tenía licencia o que tenía que cerrar el local", ha asegurado recientemente en una entrevista con Blu Radio.

Esta es la línea de defensa que mantiene su abogado. "Las afirmaciones del Ayuntamiento me parecen incoherentes porque en Murcia es un hecho notorio que estos locales están en funcionamiento", ha explicado su abogado Francisco Verdú.

Del lado de la administración municipal destaca Andrés Guerrero, concejal de urbanismo del anterior gobierno del PSOE. Fue él quien ordenó el cierre de Teatre en 2022. Aún así, este lunes no supo responder por qué la discoteca permaneció abierta.

El último en este quién es quién es Antonio Navarro, actual concejal de Urbanismo del gobierno del PP y quien informó de que la discoteca carecía de licencias, un local que siguió operando estando él al frente de esta concejalía.

La venganza de las monjas

Las Monjas Clarisas de Burgos rechazan al papa Francisco por una polémica operación de compraventa de conventos

El rechazo de una misteriosa oferta de compra, reclamos por compensación y la amenaza de excomunión mantienen en vilo a la comunidad religiosa y a las autoridades eclesiásticas, mientras las monjas se mantienen en silencio.