En Alicante un hombre espera a su pareja. Le da una paliza, y le arrastra escaleras arriba sujeta por el pelo. Denuncia un vecino al ver las imágenes de la cámara de seguridad. Condenan a 9 meses de prisión para el maltratador, pero la víctima se niega a testificar.
En Lugo una pareja, él con una niña de 18 meses en brazos, se dirigen a un soportal. Cuando la mujer está a punto de entrar él la agarra del pelo. Lo denunció la Policía al verlo en directo en sus cámaras de vigilancia, pero la víctima se negó a declarar. El agresor ya tenía una orden de alejamiento de su pareja.
En Benidorm un hombre derribó a su pareja de una patada. En el suelo, más patadas. Luego vienen los empujones, los golpes vejatorios. Denuncia el dueño del bar cuya cámara grabó las imágenes. Se condenó a ocho meses de agresión para el maltratador, la víctima se negó a denunciar.
Además de la brevedad de las condenas, todos los casos citados anteriormente tienen en común el miedo de las víctimas.
En Lugo un hombre acaba de ser condenado por agredir a su pareja en la calle. La denuncia la puso una testigo porque la víctima tampoco quiso denunciar.
Las administraciones tienen un deber, que vean que ellas no son las culpables sino víctimas.
