Novedades en la investigación que intenta esclarecer lo ocurrido con el trágico incendio en un complejo de discotecas en Murcia que ha acabado con la vida de 13 personas. Este miércoles se ha podido saber que el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia emitió una comunicación para la "ejecución forzosa" del cese de la actividad de la sala Teatre -donde se inició el fuego- mediante "precinto del establecimiento", si bien esta orden no se llegó a cumplir. Así lo ha podido confirmar 'La Verdad', que ha accedido al mencionado documento de la corporación municipal.

En concreto, se trata de un aviso emitido el 11 de octubre de 2022 por el entonces teniente alcalde delegado de Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Murcia, Andrés Guerrero (PSOE). Dirigido al departamento de Inspección de Obras y Actividades, se dicta lo siguiente: "Mediante decreto [...] de fecha 10 de enero de 2022, se ordenó el cese del ejercicio de actividad de discoteca con cocina [...] a la mercantil Teatre Murcia SL. [...] Deberán girar visita de inspección y, en caso de que no se haya ejecutado de manera voluntaria, proceder a la ejecución forzosa mediante precinto del establecimiento".

Una orden que, sin embargo, fue incumplida. Así se observa en la respuesta que dio al decreto del exconcejal Guerrero el inspector de actividades a quien se encargó el cierre del establecimiento: "En contestación a la comunicación interior [...] donde se comunica la orden de cese de la actividad y la advertencia de ejecución forzosa, se informa que una vez contactado con la titularidad aportan justificación de presentación de la documentación técnica que les faltaba para la tramitación de la legalización". En esta respuesta se trata la "ejecución forzosa" del cese de actividad decretado por el Ayuntamiento como una "advertencia", y no como una orden.

Lo que no acaba de quedar claro es todo lo que sucede después de ese intercambio de documentos. Esto es, por qué no se acaba acometiendo el cierre de la Teatre tal y como se reclamaba en la mencionada comunicación; más cuando, según fuentes consultadas por 'La Verdad', "dichos trámites de convalidación, para los que se refiere haber recibido documentación, no suspenden la ejecución de una resolución administrativa, la de clausura, que se había vuelto firme tras agotar los posibles recursos". En otras palabras, la respuesta de la inspección no debería haber frenado la orden emitida originalmente.

La razón: uno de los procedimientos estaba directamente relacionado con la retirada de la licencia de actividad de la discoteca y el otro, en una vía distinta, con su posterior regulación para hacer efectiva la división del local en dos (reforma con la que se dio pie a la Fonda Milagros, otra de las discotecas afectadas). El porqué no se acabó cumpliendo "es lo que se está investigando", ha subrayado en las últimas horas el responsable de Urbanismo durante el gobierno de José Antonio Serrano. En este punto vuelve a enredarse el asunto, pues las palabras y las acciones del gobierno municipal se contradicen.

Si bien en la corporación no había, supuestamente, constancia de que los locales estuvieran operativos, estos sí siguieron recibiendo inspecciones dirigidas desde el propio ayuntamiento; inspecciones en las que no se abordó en ningún caso ese cierre obligatorio esgrimido en el primer decreto. Prueba de ello es que la discoteca Teatre superó una inspección municipal sanitaria en marzo de 2023 pese a tener que estar cerrada desde 2022. Fue un mes después de que la inspección advirtiera de deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias de una de las discotecas de Murcia. Ese mismo servicio dio luz verde a la inspección, aunque Teatre tenía orden de cese de actividad desde 2022. Incluso, la Policía Local llegó a imponerles una multa por incumplir el horario de cierre cuando ya debían haber cesado su actividad.

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