El alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, anunció la presencia de estos técnicos especialistas durante una rueda de prensa en la que ha comparecido en compañía de los alcaldes de Benicarló, Marcelino Domingo, y de Peñíscola, Andrés Martínez.
Esta decisión del Ministerio anula el encuentro que debía mantenerse entre representantes de la empresa promotora del proyecto Castor, estos alcaldes y las administraciones provincial y autonómica. Juan aclaró que esta reunión se pospone en tanto que se esperará a la valoración que hagan los técnicos tras su desplazamiento a Vinaròs.
De hecho y según ha explicado Martínez, estos alcaldes iban a pedir la constitución de una comisión de expertos para analizar cuanto antes el problema. Juan, en nombre de los tres munícipes, destacó que se ha pedido al Ministerio la "máxima urgencia" en la valoración del tema y la búsqueda de explicaciones.
"Estaremos a expensas de esta inspección, pero con la clara voluntad de exigir que por encima de todo se respete la voluntad de esta comarca, que es volver a tener el mismo nivel de seguridad que teníamos y que no se vea alterado por causas vinculadas a una actividad industrial", explicó Juan.
Según el alcalde vinarocense, esta presencia "inmediata" de los técnicos ha sido posible tras los contactos entre el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y la consellera de Infraestructuras de la Generalitat, Isabel Bonig.
Los alcaldes no se han pronunciado abiertamente sobre pedir una paralización definitiva del proyecto, ya que consideran se debe conocer primero si hay relación causa-efecto con los seísmos.
"Vamos a insistir en que el proyecto quede paralizado hasta que se restablezca la total normalidad y seguridad, como estábamos acostumbrados", resaltó Juan, que no quiso valorar los perjuicios económicos que para las arcas municipales podría suponer la paralización del proyecto, por no considerar relevante este tema en estos momentos.
Asimismo, no se pronunció sobre las declaraciones de un representante del gobierno catalán en el sur de Tarragona en las que apuntaba posibles negligencias de la empresa en sus labores de inyectar gas.