El Supremo pide el suplicatorio al Parlamento Europeo para proceder penalmente contra Alvise por financiación ilegal

El magistrado de la Sala Penal Julián Sánchez Melgar ha dictado este martes un auto en el que acuerda solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmunidad del eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise', para continuar la investigación que sigue contra él por delito electoral y de financiación ilegal del partido, en relación a la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, Álvaro Romillo, más conocido como 'CryptoSpain', que también está investigado en la causa.

Así, el suplicatorio se dirigirá al presidente del Parlamento Europeo a través del presidente de la Sala Penal del Supremo y de la presidenta del alto tribunal. Sería por tanto el segundo suplicatorio elevado a la Eurocámara de las cuatro causas que tiene dicho eurodiputado en el Supremo, ya que el pasado mes de julio ya se acordó remitir la que investiga presuntos delitos, como acoso, de los que habría sido víctima la fiscal delegada contra delitos de odio en Valencia.

En relación al nuevo suplicatorio, el auto del juez Sánchez Melgar indica que los hechos investigados, basados en una denuncia de Romillo, se refieren a una reunión entre ambas personas antes de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, en la cual Alvise Pérez habría solicitado al empresario dinero para financiar su partido político, pero de forma oculta, sin constar en documentación alguna, ni reflejarse en su contabilidad, y éste le pidió influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo.

Así, ambos habrían acordado que la entrega se haría por un tercero, comisionado por Romillo, que entregaría a Alvise una mochila con la cantidad de 100.000 euros. Los detalles, tal como añade el auto, se habrían fraguado mediante mensajería instantánea, como ha sido comprobado por la instrucción, indiciariamente, a través del teléfono móvil del

El comisionado llevó una mochila de color oscuro, que entregó a Alvise quien dijo tomarla y llevarla a su casa, sin ingresar tal cantidad de dinero, que iba en billetes de diversas clases, conforme aseguró al serle tomada declaración, y que dejó guardada en su casa, gastándose hasta el día de la declaración, aproximadamente el 50 por 100 de su importe, en gastos y necesidades del partido político, como viajes o almuerzos.

El auto recuerda que Alvise, en la declaración que prestó ante el instructor de modo voluntario, expresó, al serle preguntada la razón de recibir tal dinero, que lo recibía en concepto del pago por una conferencia en el hipódromo de Madrid, ante una colectividad de posibles seguidores o interesados en su posición política, intervención de escasa duración, y por la que iba a cobrar la expresada suma de 100.000 euros, "hecho a todas luces, poco verosímil", tal como señala el auto.

Además, indica el instructor que la prueba pericial del teléfono intervenido al empresario Álvaro Romillo en esta causa, y que ha sido practicada por la policía judicial, según refiere el auto, "acredita, igualmente indiciariamente, todos los aludidos extremos".

El magistrado considera así que los hechos objeto de investigación han de ser calificados, con la provisionalidad de la fase de instrucción en que se encuentra la causa, como sendos delitos de financiación ilegal de partidos políticos y delito electoral, de acuerdo con la legislación.

Y ante estos hechos, señala que no puede seguir con la investigación sin obtener el 'placet' del Parlamento Europeo para continuar instruyendo la presunta comisión delictiva, suspendiéndose, mientras tanto, las actuaciones, hasta que se obtenga la oportuna resolución de tal órgano, salvo aquellas actuaciones urgentes que no comprometan los derechos esenciales salvaguardados del eurodiputado investigado.

Por último, el instructor argumenta también que "este procedimiento judicial no guarda relación alguna con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias", y que los hechos imputados y los delitos que se consideran de aplicación se centran en su actuación anterior en el tiempo a la adquisición de su condición de diputado del Parlamento Europeo.

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