Se cumple un año desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobara el decreto que ha expulsado a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular del sistema público de salud y que ha introducido medidas, como el copago de medicamentos, que afectan también a la población española, especialmente a la más vulnerable.
El decreto, que entró en vigo el 1 de septiembre de 2012, sólo garantiza y se hace cargo de la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años.
Hasta ahora, las situaciones más habituales detectadas por Médicos del Mundo han sido las de personas con enfermedades crónicas sin controles periódicos (incluido el cáncer) y/o que sufren interrupciones en sus tratamientos (falta de insulina para la diabetes, 'Sintrom' para las cardiopatías, etc), además de pacientes con patologías transmisibles (como VIH o tuberculosis) para las que no se han activado los protocolos correspondientes o con enfermedades mentales sin seguimiento.
La exigencia de firmas de compromisos de pago o los intentos de facturación en urgencias, contraviniendo lo establecido en la propia legislación, ha sido otra de las situaciones más habituales. También se han documentado casos de mujeres embarazadas sin seguimiento médico durante la gestación, niños y niñas a las que se ha negado la atención primaria y personas trasplantadas a las que se ha exigido abonar íntegramente los medicamentos anti-rechazo imprescindibles tras la operación a la que habían sido sometidos.
En este último año, recuerdan, Médicos del Mundo no ha dejado de denunciar lo "injusto de esta medida" y, con esta misma intención, organizará actos de denuncia en septiembre.
Con el objetivo de documentar con la máxima precisión los casos que se detectan y las barreras de acceso que existen, Médicos del Mundo ha promovido los llamados observatorios, como el que ya funciona con éxito en la Comunidad Valenciana (ODUSALUD) -compuesto por 49 entidades- y el Observatorio de Derecho a la Salud (ODAS) que acaba de presentarse en Baleares.