La educación especial ha sido uno de los focos de conflicto de la ley Celaá, que acaba de aprobarse en el Congreso con una ajustada mayoría y con la escuela concertada en pie de guerra a las puertas de la cámara baja. La plataforma que ha liderado esta protesta, Más Plurales, afirma que la nueva ley no asegura la supervivencia de la educación especial, al centrar su apoyo en el modelo inclusivo.
En realidad, la nueva ley no toca a los centros de educación especial, de hecho menciona que "las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial". Además, les sitúa como "centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".
Lo que sí hace la nueva norma es prestar más apoyo al modelo de inclusión, y propone un plan a diez años para que los centros ordinarios "cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".
Ante la polémica y el vaivén de desinformación vertida desde la oposición a la ley (incluido el Partido Popular, que se ha sumado al mensaje de que esta ley es el fin de la educación especial), la principal organización que trabaja por el modelo inclusivo en España ha salido al paso para defender sus posiciones.
Plena Inclusión, una red asociativa presente en todas las comunidades autónomas, asegura que la educación inclusiva "es un derecho que debe estar garantizado para todos los niños y niñas, tal y como aceptó el Gobierno español al firmar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad".
Esta organización participa en centros de educación especial que nacen de la iniciativa de las familias con hijos con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo. Todos ellos son centros concertados, constituidos como asociación o fundación (modelo acorde con los que quiere promover la nueva ley). Pero esta organización también colabora con centros públicos que cuentan con aulas de integración.
¿Qué diferencia al modelo inclusivo de la educación especial?
Existen tres tipos de atención al alumnado con necesidades especiales. En la educación especial, los niños y niñas acuden a centros especializados donde solo hay alumnado con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo. Allí, el personal está especializado en cubrir las necesidades específicas de estos alumnos.
En el modelo inclusivo, los alumnos acuden a centros ordinarios de cualquier etapa educativa, en los que hay aulas específicas y donde se tienen que garantizar tres principios: presencia, participación y progreso. En definitiva, que aprendan como el resto de niños. Para que se pueda desarrollar este modelo en condiciones de igualdad, se necesita personal especializado que atienda las necesidades especiales, como puede ser de fisioterapia, logopedia o psiquiatría, que por lo general los centros no tienen.
Existe un tercer modelo que combina la asistencia a centros de educación especial en una primera etapa, para integrarse después en el sistema ordinario.
Pues bien, España ha adolecido hasta ahora de prestar la atención suficiente al modelo inclusivo, a pesar de que el 83% del alumnado con necesidades especiales acuden a centros ordinarios.
Un compromiso con la ONU desde 2008
En realidad, lo que acomete esta nueva ley es el cumplimiento de un compromiso internacional. España asumió en 2008 la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, cuyo artículo 24 especifica que los Estados "asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles".
Todavía en 2017, el comité de ONU dio cuenta de la "magnitud y gravedad del impacto de esta falta de acceso a la educación inclusiva" de las personas con discapacidad en España, e instó a nuestro país a crear un análisis de los recursos necesarios para promover la inclusiva, que aún no se ha hecho.
"La educación inclusiva es un derecho de los niños y niñas pendiente de ser ejercitado"; Enrique Galván, portavoz de Plena Inclusión, reclama que desde 2008 hasta ahora la inclusiva ha pasado de puntillas por las leyes de Educación aprobadas (la LOE y la ley Wert), y se había quedado en meros principios nunca desarrollados en el articulado. La LOMLOE es la primera ley que lo hace, y lo coloca como un derecho básico del alumnado.
En qué mejora la educación inclusiva esta ley
Desde esta organización aprecian varios elementos positivos en la ley. Por un lado, propone un plan de mejora de los centros ordinarios para incorporar a niños y niñas desde la diversidad. También les gusta que se apoye a los centros de educación especial: "Nos parece positivo que se le dé un papel a los centros especiales para que sean de referencia y apoyo", apunta Galván.
Con respecto a la polémica acusación desde la plataforma Más Plurales, que se opone a ley y que ha extendido el mantra de que se acabará con la educación especial, Galván solo apunta que "la ley no dice que se vayan a cerrar", y cree que este conflicto "tiene que ver con una actitud de desconfianza hacia el Gobierno".
En España hay 473 centros o unidades de educación especial, según los datos del Ministerio de Educación. Plena Inclusión trabaja en 232 de ellos, el 49%. Esto les permite estar en contacto con miles de familias y palpar sus sensibilidades: "Reconocemos que hay una fuerte desconfianza de los padres y madres porque han tenido malas experiencias en los centros ordinarios", explica su portavoz, por eso piden que se mejoren los recursos de los centros ordinarios, pero también que haya suficiente dotación de la educación especial y que esta sean una herramienta de asesoramiento y apoyo del entorno educativo.
Por ello, asegura, piden al Gobierno que el plan que propone la ley "tenga una consignación presupuestaria suficiente para que no sea una causa de frustración".
Falta un compromiso de inversión
No obstante, Plena Inclusión no se conforma con la redacción actual de ley, ya que no garantiza ese presupuesto: "No hay una garantía de inversión de ese plan de inversión de la educación inclusiva y no hay reconocido los derechos de las familias a elegir el modelo educativo".
Desde esta organización, explica, querían que la elección de las familias entre el modelo de inclusión y el especializado fuera determinante, pero la nueva norma solo esboza que se escuchará a las familias.
Por otro lado, echan en falta también un reconocimiento a los centros de iniciativa social concertados de la educación especial: "Cuando nadie atendía a los niños con necesidades especiales fueron los padres los que crearon los centros, eso tiene un arraigo y hay que reconocer ese esfuerzo".
El 2,6% de alumnado en España tiene necesidades especiales
En España hay 175.308 alumnos y alumnas con necesidades especiales integrados en centros ordinarios, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el 2,6% del total del alumnado en estudios no universitarios.
De ellos, el 30% presenta discapacidad intelectual, el 24% sufre trastornos graves de conducta/personalidad y 23% trastornos generalizados del desarrollo.
Los centros de educación especial, de los que teme su desaparición Mas Plurales, cuentan principalmente con alumnos con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo, pero existen otros tipos de necesidades especiales que se cubren desde los centros ordinarios actualmente.
De hecho, el 83% de este alumnado está escolarizado en centros ordinarios y el 17% (38.000 alumnos) se encuentran en centros de educación especial.
Teniendo en cuenta el tipo de discapacidad, dicen las estadísticas de Educación, los mayores porcentajes de inclusión corresponden a los trastornos graves de conducta/personalidad (98,0%), discapacidad auditiva, (94,9%), y discapacidad visual (94,7%).
Al hilo de la polémica sobre la educación especial, la diputada socialista Mari Luz Martínez Seijo, que ha liderado la tramitación de la ley, argumentó que "la gran mayoría de familias reclama un sistema inclusivo ya que en muchos casos les derivan a centros de educación especial".
En realidad, explica el portavoz de Plena Inclusión, no hay datos de cuántas familias querrían llevar a sus hijos a centros ordinarios, más que nada porque la mayor parte de las veces no existe alternativa.
Plena Inclusión defiende su modelo porque contribuye al aprendizaje no solo del alumnado con discapacidad, sino de todos, al crear espacios "más diversos, plurales y no segregados".
Apuntan, además, que ese sistema ofrece "más oportunidades para alcanzar una vida independiente". No obstante, seguirán alerta para comprobar que la inclusión se desarrolle de verdad una vez aprobada la ley: "Nos preocupa que en un contexto de crisis quedemos relegados a la lista de cosas por hacer", concluye Galván.