Ya se han cambiado las
señales de tráfico -2.790 con un coste de 650.000 euros en el caso de las
carreteras de titularidad estatal- para que los conductores respeten los nuevos
límites, con los que la Dirección General de Tráfico (DGT) quiere reducir en un
10% las víctimas mortales en estas vías.
Se trata de la primera
medida de las que la DGT ha diseñado para frenar el repunte de la
siniestralidad vial. Y con ella se quiere colocar a España junto a los otros
quince países europeos que ya tienen establecida una velocidad máxima de 90
km/h en su red secundaria o convencional.
La medida obligará a
motos y turismos a circular a una velocidad máxima de 90 km/h
independientemente del ancho del arcén. Esta norma afecta también a autobuses y
vehículos mixtos adaptables, si bien en el caso de los primeros, y a pesar de
que tienen una baja tasa de accidentalidad, no podrán circular a más de 80 km/h
los que no dispongan de cinturones de seguridad.
Además, el decreto que
hace un mes aprobó el Gobierno fija en un máximo de 80 km/h la velocidad en las
carreteras convencionales para camiones, tractocamiones, furgonetas,
autocaravanas con un masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos, vehículos
articulados y automóviles con remolque.