No hay una ley de Educación en España que no suscite polémica y una lucha de posiciones polarizadas, y la propuesta de la ministra Isabel Celaá no iba a ser una excepción. En este caso, es la escuela concertada la que está en pie de guerra contra la nueva norma, que se aprueba este jueves en el Pleno del Congreso. "Eliminan la concertada", "prohíben la Religión" o "suprimen la libertad de la familias", son algunos de los eslóganes más escuchados desde este sector en las últimas semanas.

El Partido Popular ha alimentado esta campaña con proclamas extremas. La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha llegado a decir que "con esta Ley el PSOE se sitúa fuera de la Constitución". El Gobierno niega cada uno de estos argumentos y desde el PSOE hablan de una campaña tóxica. ¿Qué hay de verdad en toda esta pelea?

No desaparece la concertada, ni la educación especial

El horizonte que dibuja la concertada es negro, y así se lo está transmitiendo a las familias para que apoyen la causa. Una veintena de asociaciones de centros y de padres y madres se han unido en la plataforma Más Plurales, que están emprendiendo una recogida de firmas y convocando manifestaciones frente al Congreso bajo el lema #StopleyCelaá.

Desde la plataforma que se opone a la ley hablan de un "ataque directo a la libertad de enseñanza". La razón, según explica su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, es que esta ley elimina el concepto de "demanda social" que incluía la LOMCE y que otorgaba más poder de elección de centro a los padres. Para ellos, "la ley supondrá la desaparición de unidades concertadas aunque sean queridas por la familias".

Luz Martínez Seijo, diputada socialista y ponente que ha defendido la ley en la Comisión de Educación, explica que la demanda social "no es un derecho", es un concepto que "introdujo el PP" y que "ha permitido el desequilibrio de ambas redes". En Madrid, asegura Seijo, "no está garantizada una plaza pública en algunos barrios".

La diputada insiste en que la educación concertada "no tiene nada que temer, la gran mayoría lo cumple". Lo que sí se ha introducido, apunta, son iguales obligaciones para toda la red y que no sean los centros los que seleccionen a los alumnos. "El que no lo quiera interpretar así es que no está leyendo la ley", sentencia.

"La concertada no tiene nada que temer, la gran mayoría lo cumple"

Mari Luz Martínez Seijo (PSOE)

Es más, la ley, cuyo objetivo es corregir la segregación "del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza", otorga a las administraciones la capacidad de distribuir al alumnado de estas características. En otras palabras, para evitar colegios gueto se podrán colocar alumnos con dificultades en otros centros, también los concertados, al estar incluidos en la red pública. Para Más Plurales, la única igualdad es que sean las familias "las que puedan elegir centro para su hijo", y no la administración.

La conversación con la diputada se produce justo después de la votación del texto definitivo en la Comisión de Educación en el Congreso, en la que el grupo socialista sacó adelante el proyecto de ley con los apoyos de Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País. La jornada fue maratoniana y el ambiente estuvo calentito en un cruce de acusaciones al Gobierno por "acabar" con la concertada, y a los grupos de la derecha por "mentir" y "alarmar a las familias".

Y es que, para Seijo, "no hay ningún ataque a la concertada, lo que hay es una campaña tóxica" contra la ley: "Lo que queremos es acabar con la proliferación de un tipo de concertada que no tiene fin social", y que ha estado incluso "vinculada a tramas de corrupción". La nueva ley, basada en la LOE aprobada por el Gobierno de Zapatero, ha añadido a las cooperativas como una de las formas jurídicas a las que dará prioridad a la hora de otorgar conciertos.

La nueva ley apuesta por aumentar la red de escuelas públicas y propone un incremento progresivo de puestos escolares en la red pública. La norma pide la colaboración de los municipios para que cedan suelo solo para construir centros públicos.

Otro frente de esta guerra es la educación especial, un sector en el que casi todos los centros privados tienen concierto con la administración, como podemos ver en el siguiente gráfico. El portavoz de Más Plurales advierte de que la ley "va a dejar sin financiación a la educación especial" y que "no garantiza su pervivencia".

En realidad, la nueva ley no toca a los centros de educación especial, de hecho menciona que "las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial". Lo que sí hace es prestar más apoyo al modelo de inclusión, y propone un plan a diez años para que los centros ordinarios "cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". Según la diputada socialista, "la gran mayoría de familias reclama un sistema inclusivo, ya que en muchos casos les derivaban a un centro de educación especial".

El fin de las polémicas cuotas

El texto definitivo establece que no se podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones. Con esta medida, se quiere poner fin a la controversia sobre los cobros de cuotas, que en la práctica sucede en la mayor parte de centros.

Un estudio de la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), realizado en 336 centros educativos concertados, concluyó que el 90% de los colegios cobran una cuota base a las familias, y que en un 89% de los casos son obligatorias. Las organizaciones denunciaban también "la falta de transparencia" de muchos centros a la hora de dar información a las familias, ya que a menudo no se menciona que las donaciones deben ser voluntarias y no obligatorias.

Una tramitación exprés

Otra de las críticas vertidas hacia la Ley Celaá ha sido la velocidad de su tramitación. Ya en mayo, en pleno confinamiento, la plataforma contra la ley acusó al Gobierno de estar acelerando el proceso y pidió su paralización, a pesar de que el plazo de enmiendas se prorrogó varias semanas debido a la interrupción de la actividad parlamentaria.

Aunque Martínez Seijo recuerda que la ley se registró por primera vez en febrero de 2019, lo cierto es que su tramo final se ha acelerado y se han comprimido en cinco sesiones de la Comisión la votación de las más de mil enmiendas que se presentaron a la ley. La del viernes, que supuso el broche final, duró diez horas. Este jueves 19, apenas seis días después, se votará en el pleno del Congreso, un plazo demasiado breve para lo habitual en los tiempos de la Cámara baja.

¿Se ha escuchado a la comunidad educativa?

Pero además, Más Plurales lanza otro dardo contra el procedimiento y asegura que no se ha escuchado a la comunidad educativa en el trámite de la comisión parlamentaria y que se ha evitado un "debate real" de la norma. La diputada socialista se desespera ante lo que considera otra falsedad: "Me he reunido con Escuelas Católicas, CONCAPA, he visto a toda la concertada, habremos tenido ciento y pico reuniones más las que se hicieran desde el ministerio".

El castellano y la religión tampoco desaparecen

La ley Celaá deja sin valor computable a Religión, que se seguirá ofertando (es obligatorio), pero no tendrá asignatura alternativa ni contará para nota. Además, se creará la asignatura Educación en Valores cívicos y éticos que cursarán todos en el tercer ciclo de Primaria y en el cuarto curso de la secundaria obligatoria.

Según especifica el texto de la norma, esta materia incluirá contenidos referidos a la "Constitución española, al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia, a la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, a la igualdad de mujeres y hombres y al valor del respeto a la diversidad, fomentando el espíritu crítico y la cultura de paz y no violencia". Más Plurales lo considera un "instrumento de adoctrinamiento".

No lo ven así con Religión. Dejarla sin nota ha dolido en la concertada, ya que toca un elemento esencial de la filosofía de muchos centros: "Si no tiene nota es como sacarla del sistema, ¿qué niño se va a quedar a estudiar Religión si no es evaluable?", apunta el portavoz de Más Plurales. En España, un 73,9% de los centros concertados son católicos, según los datos de la Red de Escuelas Católicas.

Además de la religión, el castellano ha sido también objeto de conflicto entre los opositores a la ley. Tras aceptar una enmienda pactada entre PSOE, ERC y Unidas Podemos, la nueva ley elimina el concepto de "lengua vehicular" para el castellano. No obstante, el texto añade que las administraciones educativas deberán controlar que al final de la enseñanza obligatoria exista un "dominio pleno" del castellano así como de la lengua cooficial que haya en su comunidad.

El fin de la segregación por sexos en la pública

Lo que sí se eliminará, también tras introducir una enmienda de ERC, es la segregación por sexos, por lo que se dejará de subvencionar a los centros que aplican esta distinción en sus clases.

El portavoz de Más Plurales también muestra su discordancia con esta medida: "Es una opción pedagógica más". En esto tienen al Tribunal Constitucional de su lado, que en 2018 dictaminó que la educación diferenciada por sexos "no puede ser considerada discriminatoria", y que estos centros "podrán acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos" si cumplen con los "criterios o requisitos" que fijen las leyes.

La presión de la campaña en contra llega a los docentes

La campaña de la concertada contra la ley está llegando a las puertas del Congreso y a los Whatsapp de los docentes. Más Plurales ha convocado a docentes y familias en varias ocasiones frente a la cámara baja y prepara una marcha en coche para el 22 de noviembre.

En algunos casos, el bombardeo hacia los docentes roza el acoso. Es el caso del centro concertado religioso de secundaria de Madrid en el que trabaja una profesora que pide que ocultemos su nombre por miedo a represalias. La información que se transmite al cuerpo docente infunde miedo: hablan de que la ley acarreará un recorte de financiación que puede derivar en despidos de personal. Le proporcionaron un lacito naranja y les ha convocado a la marcha en los vehículos del 22. Con el temor de los despidos, no le ha quedado más remedio que colocarse el lazo: "Como haya recortes de horas, me las quitan a mí primero".

[La ley] constituye un serio riesgo para la continuidad de los centros, tanto de enseñanza concertada como de educación especial

Plataforma Más Plurales

En el caso de Beatriz, educadora en una escuela infantil católica de Madrid, el bombardeo por email y Whatsapp ha llegado desde FSIE, sindicato que pertenece a la red de Más Plurales. Con mensajes como que la ley supone "un serio riesgo para la continuidad de los centros, tanto de enseñanza concertada como de educación especial", ha conseguido convencer a algunos de sus compañeros que acudieron el viernes pasado a la concentración frente al Congreso.

Estos mensajes han llegado también a familias como la de Mar, que recibe correos del colegio concertado al que lleva a su hijo, invitando a firmar contra la ley y a sumarse a las acciones prevista por Más Plurales. En España, el 26% del alumnado estudia en la concertada, lo que supone más de dos millones de alumnos, y en algunas comunidades como el País Vasco representan el 48% de los estudiantes.

No obstante, algunos centros concertados viven al margen de esta lucha. El de Javier, profesor de primaria en un colegio laico del sureste de la Comunidad de Madrid, también recibe los mensajes de petición de apoyo a la campaña de firmas de parte de la asociación Escuela Excelente, a la que está adherido su centro, pero no han participado de ello: "Como centro no nos hemos posicionado al respecto y acataremos la ley que salga".

Con respecto al incremento de aulas inclusivas para alumnado con necesidades especiales, Javier explica que el centro, que opera como cooperativa, ya cuenta desde hace varios años con un aula de niños autistas, y están dispuestos a ampliar el número de aulas si hay un aumento de alumnos.

La campaña de la concertada contra la ley no se parará con su aprobación, prevista para este jueves 19 en el Pleno del Congreso. En este momento, Más Plurales ha alcanzado el millón y medio de firmas en su plataforma, y prepara una gran manifestación con vehículos en al menos 19 provincias. No cejarán en su empeño, porque están convencidos de defender "la libertad de enseñanza" por encima de lo que consideran un "intervencionismo" en la educación.