La Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso aprobó ha aprobado el dictamen del proyecto de la Lomloe (Ley Orgánica por la que se modifica la del 2/2006, de 3 de mayo), por lo que ahora el trámite continúa en el Pleno tras haber sido aprobadas algunas de las casi 1.200 enmiendas presentadas. Las que más eco han tenido son las relativas a que el castellano deje de ser lengua vehicular y la limitación de los conciertos educativos.
Tras una sesión maratoniana de más de nueve horas, el dictamen ha salido adelante con 20 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención y ahora tendrá que ser la mayoría absoluta de la Cámara la que decida en Pleno remitir la reforma educativa para su trámite en el Senado.
Las propuestas del castellano y la concertada han contado con el respaldo de PSOE y su socio de Gobierno Unidas Podemos, además de los grupos independentistas, mientras que los diputados de PP y Ciudadanos han anunciado que recurrirán la denominada ‘ley Celaá’ ante el Tribunal Constitucional por considerar que la reforma cruza una 'línea roja' de la Carta Magna.
Además de los grupos de la oposición, el texto cuenta con el rechazo de numerosas organizaciones del ámbito de la educación concertada que aglutinadas en la Plataforma Más Plurales han recabado 1,5 millones de firmas contra la Lomloe, porque también pone cortapisas a la educación concertada, al impedir que se destine dinero público a los centros que segregan alumnos por sexo y legislar que las plazas de nueva creación sean públicas.
Otra cuestión que enfrentó a los diputados fue la escolarización de los niños con discapacidad. La diputada socialista Maribel García insistió en que "no se cierran los centros de educación especial" y que la Lomloe sigue las directrices de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.
"Las familias pueden participar en los procesos para avanzar en la inclusión, respetando su opinión cuando elijan la educación en centros ordinarios o de educación especial", añadió. Otras enmiendas fueron añadidas al texto durante la comisión de este viernes, relativas por ejemplo al cuidado del planeta y la naturaleza o la Formación Profesional, una de las apuestas estrellas del equipo de la ministra de Educación.
"Ley Frankenstein"
En representación del Grupo Popular, Sandra Moneo calificó el proyecto de “rupturista”. “Con la tramitación de esta ley han quemado ustedes sus naves”, dijo al PSOE, añadiendo que se trata de una "Ley Frankenstein dispuesta a contentar a todos aquellos a quienes les ha permitido sentarse en el poder; quizás el poder es lo único que les mueve en este momento”.
Así, Moneo acusó a los socialistas de “cruzar la línea roja de la Constitución” en cuestiones como limitar la libertad de los padres a elegir colegio para sus hijos y aseveró que “el texto es el peor enemigo de la educación, especialmente de la pública”.
La diputada avanzó que trabajará en un nuevo texto normativo que permita la vertebración del sistema y establezca en el currículum con un 65% de enseñanzas comunes, “no mínimas”, precisó, y un fondo de cohesión interterritorial “para no tener alumnos de primera y de segunda, residan donde residan”.
Más duro fue su compañero de grupo Ángel Alonso, quien pidió la dimisión de la ministra Isabel Celaá después de retirar la ley. “Es un día triste para la educación”, lamentó.