La educación vuelve a ser objeto de lucha política y en este caso son las escuelas concertadas las que están en pie de guerra contra la ley que defenderá el Gobierno el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. Rechazan el texto al completo y lo consideran un "ensañamiento" contra la concertada, un modelo que reúne a uno de cada cuatro alumnos en España y que ha crecido más que la pública en los últimos años.

La llamada 'ley Celaá' apuesta de forma clara por la educación pública, y en esto los centros concertados sienten que puede peligrar su cachito del pastel. Han trasladado ese miedo a los padres, que ahora creen que esto les puede suponer un incremento de sus cuotas. Por eso, con el lema #StopLeyCelaá, centros y asociaciones de padres y madres se han organizado en una plataforma que dice haber reunido cerca de millón y medio de firmas.

En España, la mayoría de los centros educativos privados tienen algún tipo de concierto con la administración pública. De los 8.276.528 alumnos y alumnas que estudian en enseñanzas no universitarias, solo el 7% lo hace en centros privados, frente al 26% que acuden a centros concertados.

A pesar de los temores del sector, desde el PSOE aseguran que la concertada "no tiene nada que temer". Luz Martínez Seijo, diputada socialista y ponente que ha defendido la ley en la Comisión de Educación, considera que ha sido la concertada la que ha estado privilegiada estos años atrás.

Y algo así se traduce de los datos. Desde 2010, el número de centros concertados en España ha crecido un 6% frente al 4% de los públicos. Aunque el crecimiento de ambos no es nada comparando con el sector privado, que ha vivido un aumento del 25% en los últimos nueve años, como vemos a continuación.

Además del factor económico, la Ley Celaá toca otras dos fibras sensibles para la concertada: la religión y la educación especial. No obstante, y a pesar de la situación extrema que presentan desde la plataforma Más Plurales, la ley no acabará con la concertad, ni con los centros de educación especial. Tampoco con la religión.

El proyecto de Ley Orgánica permite la oferta de la asignatura de religión, pero esta no contará para nota ni tendrá una asignatura alternativa. Los centros podrán seguir impartiéndola, aunque es una medida que disgusta en la concertada porque toca un elemento medular en muchos de ellos.

La mayoría de los centros concertados en España son religiosos, aunque los datos que se ofrecen al respecto son antiguos y no permiten hacer una foto más actual. La encuesta de financiación y gastos de la enseñanza privada esboza solo un 52% de centros religiosos en la concertada y para el curso 2014-2015. En la estadística educativa, el Ministerio no recoge la confesionalidad de los centros. Los datos más aproximados los obtenemos de la Red de Escuelas Católicas, que eleva hasta un 73,8% el porcentaje de centros católicos en el curso 2018/2019, un punto más que en el curso anterior.

En sus estadísticas, Escuelas Católicas especifica que 65 de estos centros son sociedades anónimas o limitadas. La mayoría de los centros tienen una titularidad de base sin ánimo de lucro, como son las congregaciones religiosas, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, como se ve en el gráfico siguiente.

La nueva ley dará prioridad para acogerse al régimen de conciertos a aquellos centros que funcionen en régimen de cooperativa, una minoría en este momento, según estos datos.

Por último, el tercer punto más importante de conflicto sobre la ley es la educación especial, que se ha convertido en otra de las batallas de la concertada, y es que la gran mayoría de centros privados de educación especial en España son concertados (como se puede ver primer gráfico)

Las cuotas "voluntarias"

Al estar financiada con fondos públicos, la escolaridad en la concertada es gratuita, pero los centros, que en algunos casos ofrecen una alta dotación tecnológica o deportiva, pueden pedir donaciones voluntarias a los padres. Esto se permite siempre que se trate de servicios añadidos a la escolaridad básica o de actividades extraescolares.

Aunque se trate de un concepto voluntario, en la práctica lo que sucede es que todos pagan, ya sea para poder acceder a determinados servicios, o por la presión de evitar un agravio comparativo hacia sus hijos.

Un estudio dice que el 90% de los concertados cobran cuotas a las familias

Seijo explica que con la nueva ley se "verificará" que efectivamente se trate de donaciones y no de cuotas, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde asegura que "se está permitiendo una práctica de cobrar por actividades complementarias dentro del horario lectivo".

Esto no ha gustado nada en la comunidad de la concertada, que piensa que se está vertiendo sobre ellas un halo de sospecha. Pero no son los únicos. La concertada ha conseguido que la privada y la pública se unan para denunciar que el 90% de estos colegios cobran cuotas mensuales, y que en un 89% de los casos son obligatorias.

A través de un estudio realizado en 336 centros educativos concertados, la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) denuncian "la falta de transparencia y la dificultad que tienen las familias para obtener la información y los documentos que indiquen con claridad la cuantía y los conceptos de las cuotas que deben afrontar".

Según este estudio, el 90% de los colegios cobran una cuota base a las familias, y en comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco o Navarra se cobra cuota base en el 100% de los colegios concertados que han contactado.

El informe cuenta también que hay colegios que no cobran a las familias, como es el caso de la escuela infantil a la que Candela lleva a su hija de un año, en el distrito madrileño de Tetuán. Es un centro de titularidad religiosa, pero no les han pedido un euro más que en cualquier otra escuela infantil pública.

En otros casos, dice el informe, cobran una cantidad pequeña o la información que ofrecen sobre los pagos es transparente. Así lo cuenta Mar, que lleva a su hijo mayor a un colegio de una importante red de centros privados de Madrid. Para ella, la información sobre los servicios extra está bien explicada en su web y "está todo claro".

Los servicios que ofrecen los concertados van más allá del aspecto docente, y como cita esta madre, el suyo ofrece un servicio de parking que hay que pagar aparte. En otros casos, se ofrecen servicios imprescindibles para el día a día y que no queda más remedio que pagar, cono el acceso a la plataforma online para comunicarse entre el centro y las familias, ver las notas, etc.

La colaboración de las familias contra la ley

Como Mar, muchos padres y madres están contentos con sus colegios y escuelas concertados y pagan gustosamente, si se lo pueden permitir, la aportación para que sus hijos disfruten de mejores instalaciones o equipamiento. Pero nadie quiere que le toquen el bolsillo por las buenas o que desaparezca su centro.

Con ese temor están jugando desde Más Plurales para convencer de que hay que luchar contra la ley Celaá. A Mar le llegó un correo desde su centro invitando a firmar contra la ley. En el mensaje, que pueden ver bajo estas líneas, aseguran que la LOMLOE "promueve una reducción progresiva del modelo de educación concertada", que va "contra la pluralidad del sistema educativo". Con su firma, Más Plurales lleva en el momento de publicar este reportaje 1.492.044 apoyos contra la ley.

La investigación sobre las concertadas de CEAPA y CICAE concluye también que Cataluña y Madrid son las comunidades con las cuotas base más elevadas, con una media de 255€ y 110,81€.

Y es Madrid también, junto con el País Vasco, una de las comunidades que más proporción de alumnos no universitarios tienen en la concertada. El País Vasco es la que más: con un 48,3 % tiene casi la mitad de sus alumnos en centros concertados. Al contrario, Canarias y Extremadura tienen un 16 y un 15% del alumnado.

Por número de centros, País Vasco también es la comunidad con más presencia de concertados, seguida de Andalucía y Cantabria.

El viernes pasado, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el texto definitivo del proyecto de ley orgánica con el apoyo de Unidas Podemos, ERC, PNV y Más País, y tras incorporar cerca de 350 enmiendas, entre ellas la polémica eliminación del castellano como única lengua vehicular.

Por ello, lo normal es que el próximo jueves la ministra de Educación salga del hemiciclo con su ley aprobada bajo el brazo. A pesar del millón y medio de firmas, la concertada tendrá que seguir peleando para acabar con la ley Celaá.