La UCO entrega al Supremo el contrato que prueba que Santos Cerdán adquirió el 45% de la constructora Servinabar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hecho entrega al Tribunal Supremo del contrato que fue intervenido en el registro de la vivienda de Alonso Egurrola, administrador único de Servinabar, en el que aparece el nombre de Santos Cerdán como propietario del 45% de las participaciones de la misma. Dicho contrato privado fue firmado en 2016. La defensa de Cerdán, en cambio, niega que se trate de una escritura sino de "un mero contrato privado que no llegó a elevar a público".

En el documento, al que ha tenido acceso laSexta, se recoge cómo el ex secretario de Organización del PSOE paga 6.000 euros por 1.350 de las 3.000 participaciones que tiene la empresa, un 45% del total. En la escritura dice: "Ambas partes se someten a los juzgados y tribunales de Navarra para la resolución de cualquier conflicto que pudiera surgir en relación al presente contrato".

"Un mero contrato privado que no llegó a elevarse a público"

Una vez conocido el traslado al Alto Tribunal del documento por parte de la UCO, fuentes de la defensa del ya exsocialista han desmentido a laSexta que esto sea cierto. Tras negar que se trata de una "escritura", lo definen como "un mero contrato privado que no se llegó a elevar a público y que, por lo tanto, no tuvo ni ha tenido efecto jurídico alguno". De esta manera, reiteran también el desmentido del ya exsocialista a esta misma casa hace unos días.

Tras añadir que "en aquel 2016 el objeto social de Servinabar no era el mismo que el que tiene en la actualidad", subrayan que será en la declaración de Cerdán en el Tribunal Supremo, prevista para el próximo lunes, cuando ofrezca "las oportunas explicaciones sobre este documento". Una comparecencia ante el juez Leopoldo Puente que ha pedido que sea televisada.

Servinabar, clave en el 'caso Koldo'

Servinabar, con solo nueve empleados, ha pasado a ser una de las claves de la investigación del conocido como 'caso Koldo'. Y es que la compañía ha movido más de 80 millones de euros en contratos de construcción, contratos firmados con dos gobiernos diferentes. El primero fue con de Geroa Bai, con Uxue Barkos al mando y sin el PSOE, participando hasta en cuatro proyectos, siendo el primero el de la remodelación del Navarra Arena, al que le siguieron el archivo general de Navarra, la construcción de un colegio en Arbizu y otro de 7 millones por obras en Ripagaina.

Con el PSOE de María Chivite en el poder, la empresa realizó viviendas de construcción oficial (todo esto sin ser una empresa constructora) y firmó el gran pelotazo del túnel de Belate por valor de 77 millones de euros.

Según Antxon, Cerdán "nunca" ha sido socio de Servinabar

Antxon Alonso Egurrola, administrador de Servinabar 2000 S.L., aseguró que su relación con Santos Cerdán es de "amistad", defendiendo que "nunca" ha sido socio. Esto choca frontalmente con las investigaciones de la UCO y con lo recogido en ese contrato, que certifican que Santos Cerdán llegó a tener el 45% de las acciones de la compañía.

Según Alonso Egurrola, "no existe ninguna escritura en la que el Sr. Cerdán haya adquirido participaciones sociales de la empresa", defendiendo que "no se ha cometido delito alguno" y que han operado con "respeto absoluto a la normativa vigente en materia de contratación pública, sin recibir ningún trato de favor, ni realizar ninguna actuación ilegal".

Las otras peticiones del Supremo a la UCO

El magistrado también quiere que se analicen 430 cuentas bancarias de hasta 35 entidades financieras diferentes que corresponden a los investigados y a las compañías "en cuyo beneficio podrían haber actuado" los implicados. Los titulares son personas físicas o empresas que pudieron tener relación con ellas. El auto cita expresamente a Acciona y a Servinabar y también a una organización vinculada supuestamente con Ábalos: Eiadelso.

El objetivo es conocer si existieron ingresos indebidos. El proceder, solicitar información bancaria de cuentas o de productos financieros de entidades españolas y extranjeras para conocer los movimientos realizados en todas esas cuentas desde 2014 hasta ahora.

Además, el juez Leopoldo López ha visto "indicios consistentes" para imputar a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, y a Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, por amaño de obras públicas.