La ponencia del Constitucional avala el grueso de la ley de amnistía, pero deja en el aire la situación de Puigdemont

La ponencia que la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, llevará al Pleno el próximo 10 de junio avala el grueso de la ley de amnistía, salvo en tres puntos concretos, en los que sí se estimará el recurso presentado por el Partido Popular. Esa ponencia, sin embargo, no se pronuncia específicamente sobre el delito de malversación, con lo que de momento no habrá novedades en la situación del expresident Carles Puigdemont.

En concreto, la ponencia considera inconstitucional no incorporar los supuestos de personas que se manifestaron contra el proceso independentista, anula la referencia a los actos amnistiables posteriores al 13 de noviembre de 2023 y, con respecto a las actuaciones del Tribunal de Cuentas, obligará a dar audiencia a todas las partes, incluidas las acusaciones populares.

El texto se comenzará a debatir en el Pleno que comienza el 10 de junio, aunque la previsión es que se apruebe en el que comenzará el 24. Con la abstención del exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la decisión del Pleno de apartar al exvocal del CGPJ José María Macíasdel debate sobre la amnistía, las fuerzas en el Pleno están seis a cuatro a favor de los progresistas.

La situación de Puigdemont

Fuentes del Tribunal Constitucional, no obstante, detallan que la ponencia no se pronuncia específicamente sobre el delito de malversación, que, según el Supremo, no entra en los supuestos de la ley de amnistía porque considera que existió enriquecimiento por parte de los dirigentes del procés, uno de los supuestos excluidos expresamente del texto elaborado por el Gobierno.

La consecuencia es que el Constitucional no se pronunciará sobre este extremo hasta que no lleguen los recursos de amparo presentados por los dirigentes independentistas, algo para lo que habrá que esperar varios meses. De esta forma, de momento no habrá novedades en la situación de Puigdemont, sobre quien sigue pesando una orden de detención nacional dictada por el alto tribunal, ni sobre las inhabilitaciones que afectan a los condenados en el juicio, que en el caso de Oriol Junqueras es hasta el año 2031.

Puigdemont, además, aún no ha podido presentar su recurso de amparo ante el Constitucional, porque el Supremo no ha resuelto el incidente de nulidad contra la sentencia que decidió no aplicar la amnistía al delito de malversación.

El recurso del PP

La semana pasada, el PP se dirigió por escrito al Constitucional para pedirle que aplazase la sentencia sobre la amnistía en tanto no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las consultas realizadas por 16 parlamentos y gobiernos autonómicos, órganos judiciales ordinarios y la previsible cuestión prejudicial que podría plantear el Tribunal Supremo.

En el escrito, se pedía que se trasladara a las partes la solicitud de tres magistrados conservadores del Constitucional (Concepción Espejel, César Tolosa y Enrique Arnaldo), que el pasado pasado 12 de mayo ya pidieron que se pospusiera cualquier decisión sobre la ley de amnistía hasta que se pronunciase la Justicia europea.

El PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad el pasado mes de septiembre por considerar la norma "injusta e inmoral" y que solo busca "borrar delitos que han sido cometidos para que uno se pueda mantener en el poder". Con este argumento, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, defendía entonces el recurso de inconstitucionalidad planteado por su partido, en el que se "plasman todas las vulneraciones e infracciones constitucionales en los que incurre".

Precisamente, la normativa cumplía un año este pasado viernes con muchos de sus objetivos políticos aún en la casilla de salida, dado que los principales líderes independentistas, como Puigdemont, se han quedado -por el momento- fuera de la misma, a la espera de esta resolución del TC.