El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado una providencia en la que insiste al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat para que le entregue todos los correos electrónicos de 32 dirigentes independentistas, después de que la Guardia Civil le haya comunicado que el departamento no aportó toda la información que le había solicitado.
El magistrado instructor de la causa del denominado 'procés' dictó un auto el pasado 11 de enero en el que daba el visto bueno a un requerimiento del Instituto Armado de examinar la correspondencia vía e-mail del expresidente catalán Carles Puigdemont, todos los consellers de su Govern, los antiguos miembros de la Mesa del Parlament y otros líderes independentistas como Artur Mas, Marta Rovira o los líderes de ANC y Òmnium Cultural, entre otros.
En total, los mensajes enviados y recibidos entre el 28 de abril de 2016 y el 27 de octubre de 2017 por correo electrónico, tanto personales como por razón de su cargo, de 32 personas, casi todas ellas imputadas en la causa que instruye Llarena por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.
Además de los correos de los investigados, el magistrado solicitó los mensajes de otras personas vinculadas al proceso independentista como el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi i Sunyer, el exsecretario de Economía Pere Aragonès, el exdirector de la oficina del expresidente Artur Mas Joan Vidal y los directores de las oficinas para el autogobierno Víctor Cullell y Josep María Reniu.
Para lograr la información solicitada, el juez se dirigía en su auto al CTTI para que aportase las respectivas copias de los correos que conserva, pero ahora lo vuelve a reclamar porque, tal y como explica en una providencia, el centro "no entregó los mensajes correspondientes a la totalidad de las direcciones que estaban asignadas a las personas que se mencionan en el auto".
De este modo, el instructor ordena a la Guardia Civil que ponga a disposición del CTTI de manera "inmediata" esta instrucción para que "facilite toda la información que le fue requerida" el 11 de enero y que ademásindique los motivos que le ha llevado a "no dar cumplimiento inicial" a lo solicitado.
Y sobre los cinco no imputados en el Supremo, reitera que sí "están siendo investigados como eventuales responsables de estos mismos hechos en otros procedimientos judiciales o, al menos, desempeñaban cargos subordinados al Consejo de Gobierno de la Generalitat y estaban directamente vinculados con las actuaciones ejecutivas desplegadas para la consecución de los objetivos secesionistas".