Representantes de CCOO y UGT han exigido al Congreso que su sometimiento a la Ley de Transparencia no limite su "completa autonomía organizativa", ni suponga una "injerencia de los poderes públicos" en la libertad sindical.
En una comparecencia ante la comisión parlamentaria que tramita el texto, el secretario de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, ha advertido de que, en el caso de las organizaciones sindicales, la obligación de "información activa" que recoge la ley debe "quedar limitada al ámbito de la gestión de los recursos públicos y de los programas de financiación pública que gestionan".
Benito ha defendido que tampoco hay que "confundir" la obligación de los sindicatos con la de los partidos políticos "a la hora de dar cuenta ante el conjunto de la sociedad de su financiación, su actividad y los posibles conflictos de intereses entre sus cargos y dirigentes".
El secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell i Lliró, ha recordado que, según la OIT, una "disposición que reserve al Gobierno el derecho de verificar lo fondos sindicales es incompatible con el principio de que los sindicatos deben tener el derecho de organizar su administración y que las autoridades públicas deben abstenerse de cualquier intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio".
La CEOE rechaza su inclusión en la Ley de Transparencia
Por su parte, la CEOE y las organizaciones empresariales que representa consideran que "no deberían ser incluidas" junto a los entes públicos en la Ley de Transparencia, ha explicado en el Congreso el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE y vicepresidente de CEIM, Juan Pablo Lázaro.
En su comparecencia ante la comisión parlamentaria que tramita esta ley, el representante de los empresarios ha dicho que estos son "partidarios de un control público de los ingresos públicos, pero no de un control de los ingresos privados", y ha rechazado que sea legítima la "obtención de información de entidades privadas".
Lázaro ha argumentado que "no tiene sentido que una entidad privada deba informar periódicamente del estado de ejecución de su presupuesto", ni que tenga que "auditar obligatoriamente sus cuentas", y que no le parece "pertinente que las retribuciones de los altos cargos de las organizaciones empresariales sean expuestas públicamente".
Además, ha defendido la necesidad de un "control flexible" que permita el funcionamiento de sus 4.500 organizaciones, muchas de ellas muy pequeñas, a las que la ley impone "obligaciones formales difíciles de asumir".