El rey Juan Carlos I sopesa viajar a España de visita, aunque no cambiar por el momento su lugar de residencia, tras conocer que la Fiscalía está preparando el archivo de las investigaciones que le rodean.

Según ha publicado 'El País', el emérito tomará una decisión sobre su vuelta tras leer la resolución, 14 meses después de abandonar el país y establecerse en Emiratos Árabes Unidos.

Fuentes del entorno del monarca, recoge el citado medio, no se han mostrado sorprendidas por que la Fiscalía planee archivar las tres investigaciones prejudiciales, ya que es una decisión que esperaban desde hace meses. Si bien, han expresado su preocupación ante la posibilidad de que se emita una dura censura hacia su conducta.

Según pudo saber laSexta este miércoles, la intención es no prorrogar las diligencias más allá de diciembre. De forma oficial, desde la Fiscalía trasladan a laSexta que "los fiscales del caso siguen trabajando en las investigaciones con todo rigor, eficiencia y exhaustividad".

En concreto, la investigación está abierta por varias causas. La primera, la presunta comisión millonaria que habría recibido por intermediar en la adjudicación del AVE a la Meca. La segunda, su participación en las 'royal black' y si se utilizaron para pagar gastor personales sufragados por un empresario y amigo mexicano, Allen Sanginés-Krause, y la tercera, los casi 10 millones de euros que tendría escondidos en la isla de Jersey, paraíso fiscal.

El emérito ha realizado dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Y una segunda del 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka. "Una cuestión es el auxilio judicial y otra cuestión distinta son las averiguaciones para la comprobación de que una regularización es completa y es veraz", ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Con su escrito, la Fiscalía esgrimiría tres razones para tomar esta decisión: que el rey gozaba de inviolabilidad hasta 2014, que algunos delitos habrían prescrito y que el ministerio público habría dado por buenas las regularizaciones realizadas.