La reforma de la conocida como 'ley mordaza' que los partidos están negociando en el Congreso incluye la obligación de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que participen en manifestaciones deberán avisar "de manera verbal claramente audible" de que van a adoptar medidas de disuasión o a utilizar material antidisturbios.

En el texto se recoge además que las autoridades "velarán por el respeto al libre ejercicio del derecho de reunión" e impedirán que se perturbe la seguridad ciudadana. Asimismo, expone el documento, podrán acordar la disolución de reuniones "siempre en la forma que menos perjudique" y guiándose "por un enfoque de derechos humanos".

Además, el informe recoge que las reuniones que no sean comunicadas, aunque puedan considerarse infracciones leves, "no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación".

En cualquier caso, "la disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso" y se tendrá que comunicar de forma "verbal claramente audible" antes de adoptarse. No obstante, destaca el texto, "en caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad de previo aviso".

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana también rebajará el importe de las sanciones, salvo las muy graves, y apostará por la sustitución de las multas con actividades restaurativas, como trabajos en beneficio de la sociedad. Enrique Santiago, portavoz de Unidas Podemos, ha explicado que se rebajarán los topes máximos de las multas y, así, las infracciones leves se sancionarán con entre 100 y 500 euros, cuando la normativa actual fija un máximo de 600.

En la siguiente escala se establecerá una cuantía de entre 501 euros y 25.000 (antes 30.000), en tanto que las muy graves se multarán con entre 30.001 euros y 600.000, un tope máximo este último que quedaría igual que en la ley vigente.

Otro de los acuerdos en la reunión de la ponencia tiene que ver con la incorporación como "categoría protegida" en la ley a los animales, a fin de adaptarla a las normas de protección que se han adoptado en esta legislatura.

Asimismo, Santiago ha resaltado otros acuerdos, como la necesidad de que los hechos consignados por los agentes en sus actuaciones guarden "coherencia y razonabilidad", o la introducción de una cláusula para la incorporación en los programas de formación de las fuerzas de seguridad de técnicas de mediación y resolución alternativa de conflictos.

Los ponentes quieren también que la nueva ley incluya una disposición para que el Ministerio del Interior informe periódicamente de las actuaciones policiales y su alcance social, ha añadido el diputado de Unidas Podemos. Y han querido dejar "apuntalado" que no pueda sancionarse una manifestación que tenga que celebrarse con carácter urgente y no haya podido ser comunicada.