La Ley de Seguridad Ciudadana que propone el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene todos los ingredientes necesarios para limitar el derecho y la capacidad del hombre para protestar de forma pacífica. Episodios anteriores ponen de relieve las lagunas de una ley que no habría permitido arrojar luz sobre la muerte del empresario del Raval, Juan Andrés Benítez, o sobre el pelotazo que dejó si un ojo a Esther Quintana en Barcelona.
Esta ley nunca hubiera permitido el grito al unísono en favor de “la voz del pueblo” en todas las iniciativas que sucedieron a la manifestación del 15M. La propuesta de Interior habría coartado la instalación del campamento de ‘indignados’ en la Puerta del Sol o el nacimiento de todas las formas de protestas surgidas en los últimos años.
Además, movimientos sociales tan impactantes como Rodea el Congreso o las acciones de las activistas de Femen se verían obligados a buscar vías reivindicativas menos escandalosas por temor a las duras sanciones económicas. Incluso los ecologistas estarían en el punto de mira. No podrían acercarse a edificios propios de su radio de acción como centrales nucleares. Los escraches o la resistencia ante un desahucio también serán susceptibles de sanción.