El Gobierno ha abierto el debate sobre una amplia reforma del Código Penal que afectaría, entre otros, al delito de sedición y que podría implicar una rebaja de las penas ya impuestas por sentencia firme si la nueva ley es más beneficiosa para los reos que aquella con la que fueron condenados.
El Ejecutivo no ha indicado en qué sentido considera necesaria esa reforma, que también podría afectar al delito de rebelión, más allá de homologarlo con el resto de países europeos y de actualizarlo y ajustarlo a la realidad, con lo que no se ha mostrado explícitamente favorable a una rebaja de las penas que establece hoy el Código Penal.
Un anuncio que ha hecho encender las alarmas de la oposición ante las sospechas de que Pedro Sánchez pueda proponer una reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición. PP, Ciudadanos y Vox ya hablan de un pago de Sánchez a los independentistas.
Esta reforma del Código Penal requiere mayoría absoluta; es decir, PSOE y Unidas Podemos no necesitaría ni a PP ni a Ciudadanos ni a Vox, los tres partidos que hoy hablan de una rebaja a las penas de los independentistas condenados por "la puerta de atrás".
Así lo afirmaba Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, que aseguraba que "lo que quiere es un indulto oculto a través de esa medida": "Rebajar el delito de indulto en el Código Penal usando la mayoría absoluta que el PSOE tiene con los partidos independentistas es lo mismo que indultar por la puerta de atrás a esos reos y colocarles en una puerta menor que en dos días les permita estar en la calle". Lo mismo afirmaba la portavoz del grupo naranja, Inés Arrimadas.
La norma general es la irretroactividad de las leyes (no se puede condenar a una persona a una pena establecida con posterioridad a la comisión del delito), pero sí se prevé la revisión en los casos en los que se favorezca al reo.
En su actual redacción, el Código Penal castiga por sedición a quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales. Prevé castigos de ocho a diez años de cárcel para quienes dirijan o induzcan la sedición o sean principales actores (el caso de los Jordis en el "procés") y de diez a quince años si esos mismos comportamientos los perpetran autoridades (los exconsellers condenados).