Para cumplir la ley, el Consistorio madrileño se compromete a presentar en el mes de abril el Plan Integral de Memoria de Madrid, que está desarrollando en colaboración con la cátedra de la Memoria Histórica de la Universidad Complutense y junto con diversas asociaciones.
A juicio de Ruiz, esta decisión municipal se debería haber producido mucho antes: "A nadie se le ocurriría en Alemania o en Italia encontrarse viviendo en una calle que se llame Mussolini o Hitler, o cualquier nombre relacionado con ellos". El presidente de Amesde señala que los lugares públicos sirven para rendir homenaje a los que aportaron valores de convivencia, pero "a estos sujetos no se les puede considerar en esa categoría: se sublevaron contra un gobierno legítimo".
Ruiz indica que la medida municipal es "insuficiente", puesto que la memoria histórica no son sólo las calles y las plazas, sino que supone "comprender la verdad de la historia de un país, precisamente para que conociéndola se pueda evitar que haya repeticiones de ese tipo". Por ello, cree que sería positivo establecer un protocolo sobre qué criterios honran a los ciudadanos después de muertos, ya sean científicos, médicos o bomberos. "El patrimonio histórico debe enseñar a las nuevas generaciones cómo han sido las etapas anteriores. La ciudad debe tener memoria de lo que ha sido en otros momentos. Se trata de quitar lo que ofende pero con concepción de lo que hace falta", subraya Ruiz.
El abogado Eduardo Ranz, que presentó una demanda contra el Ayuntamiento madrileño para exigir la retirada de la símbología franquista y el cambio de nombre de 168 calles, que ha sido admitida a trámite, dice que "no tendría ningún problema" en modificarla o incluso retirarla cuando se cambien "de forma real" las placas de las vías. "Una vez se lleve a cabo ese cambio y tengan un nuevo nombre que no esté relacionado con la Dictadura y sus protagonistas, no tendría ningún problema en modificar o retirar la demanda. Es más, no tendría ningún problema en hacerlo de forma coordinada con los servicios jurídicos del Ayuntamiento", señala el letrado, especializado en Memoria Histórica.
A comienzos de este mes, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid admitió a trámite la demanda presentada en noviembre por Ranz para exigir la retirada inmediata de simbología franquista de la capital, así como la elaboración de un mapa de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura. En esta demanda, que a día de hoy no tiene intención de retirar, añade una lista de los nombres de 168 calles, seis centros públicos y otros seis centros educativos, que considera que "exaltan" la guerra y el franquismo, como, por ejemplo, Agustín de Foxá, Alberto Alcocer, la avenida del Arco de la Victoria o las que aluden a generales como Mola, Moscardó, Rodrigo o Varela. Para Ranz, la decisión del Ayuntamiento de la capital es "una gran noticia", a pesar de que puntualiza que esta iniciativa y la demanda que él presentó "son cuestiones independientes".