El Tribunal Supremo ha condenado a la exconsellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat, Meritxell Borràs, a una multa de 10 meses con una cuota diaria de 200 euros e inhabilitacion especial para el ejercicio de cargos públicos electivos (tanto de ámbito estatal como autonómico o local) durante 1 año y 8 meses. A Borrás se le imputa un delito de desobediencia por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre y la DUI de 2017.
El dos de noviembre de 2017, Meritxell Borràs ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza por su papel en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y en la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Un mes después, el cuatro de diciembre, fue puesta en libertad bajo fianza, por la que tuvo que pagar 100.000 euros.
Ahora, la que fuera consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda durante el Govern de Carles Puigdemont, ha sido condenada a pagar una multa de 60.000 euros por el Tribunal Supremo.
Aunque en un primer momento Borràs se trasladó a Bruselas junto con Puigdemont y otros cuatro consellers, con la intención de solicitar asilo político, decidió volver para prestar declaración ante la Audiencia Nacional. Después, ingresó en la cárcel de Alcalá Meco.
Un libro en régimen de prisión provisional
Durante el mes que duró su estancia en prisión, Borràs escribió un libro: '34 dies de tardor i un de primavera. Diari de presó'.
La exconsellera de Gobernación defendió con una declaración extensa durante el juicio del procés que la DUI del 27 de octubre fue "una expresión política sin consecuencias legales". Además, como investigada por la compra de urnas con cargo al erario público para la celebración de referéndum, Borràs aseguró que "no hubo gasto alguno", ni de su departamento ni del Govern. "No se destinó ni un euro", insistió.
También afirmó ante el Alto Tribunal haber actuado en pro de "la mayoría de la sociedad catalana": "Me pareció que yo tenía que ser fiel al mandato de la mayoría de la sociedad catalana y firmar el decreto de convocatoria del referéndum".
Y destacó la voluntad dialogante del Govern "hasta el final". "Todos teníamos la voluntad de encontrar un acuerdo con el Gobierno español, esa fue siempre mi voluntad y la del resto del Govern, abrir diálogo y encontrar una solución política".
Borràs se ha desmarcado de los otros exconsejeros procesados al ser la primera en reconocer que se acogería al indulto si acababa condenada.
La exconsellera llegaba al juicio del procés acusada de un delito de malversación y otro de desobediencia. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían para ella siete años de prisión. La misma pena que para Santi Vila y Carles Mundó. Vox, presentado en el juicio como acusación particular, elevaba la petición a 24 años de cárcel por organización criminal.