El juez ha aplicado la prórroga del arresto a una veintena de personas. Aún así su detención se alargó tres días tras las 72 horas legales. La Audiencia Nacional ha estimado que se trata de una prórroga ilegal ya que su detención fue judicial y no policial, por lo que se violaron sus derechos fundamentales a la libertad.
El pasado 16 de octubre la policía detuvo a 83 personas implicadas en la 'Operación Emperador' y el juez sólo contó con 72 horas para tomarles declaración. El 19 terminó el plazo de arresto, y el juez no había tenido tiempo de entrevistarse con todos por lo que los mantuvo detenidos.
El juez estimó que debía prorrogar de esta manera las detenciones por el alto número de arrestados, lo que hacía imposible que pudieran prestar declaración dentro de los tres primeros días, pero la magistrada aclaró que lo que tenía que haber hecho el juez Andreu es acordar su prisión y luego tomarles declaración.
El día 20 prestaron declaración y el juez los mandó a prisión, pero esta orden no se cumplió porque a las 72 horas de detención el juez tiene que tomar una decisión, cosa que no hizo por falta de tiempo, manteniendo a los acusados en el calabozo de manera ilegal.
Este error procedimental provocará seguramente la excarcelación de todos los afectados por la prórroga de la detención, que son precisamente las figuras más importantes dentro de la trama mafiosa, entre ellos el jefe del aparato de extorsión, Haibo Li, ya que el juez dejó sus declaraciones para los últimos días.
Todos seguirán acusados de organización ilegal y blanqueo de capitales, pero esperarán a que se celebre el juicio en sus domicilios. Podría pasar más de un año, tiempo suficiente, según la policía, para reorganizarse o para huir.