Quien participe en manifestaciones, beba alcohol en las calles o no se identifique ante las fuerzas de seguridad del Estado, entre otras faltas, entrará a formar parte del Registro de Infracciones que se pretende crear con la nueva ley y que hasta ahora no figuraban como antecedentes.
El dictamen del proyecto de la ley indica que "con las personas a las que se les haya impuesto una sanción, se procederá a la práctica de los correspondientes asientos en el Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana". Un registro similar al de antecedentes penales, independientemente de la gravedad de la falta cometida.
En este sentido, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, señala que "es una medida exagerada y va a dar la impresion de que se crea un fichero de malos ciudadanos para conductas de escasa peligrosidad". Por su parte, Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía, afirma que "no es legal ni ilegal, depende de cómo se desarrolle". "Hay que controlar no solo cómo se hace el registro sino quién tiene acceso a ese registro", añade.
Según la propia ley, a esos datos podrían acceder las autoridades y Administraciones Públicas competentes sin necesidad de consentimiento del titular de los datos. Para Serafín Giraldo, "es el punto débil de esta ley, que se puede invadir el derecho a la intimidad de las personas, que se puede entrar en su privacidad por unas meras infracciones administrativas". Una forma más, aseguran, de coartar la libertad de los ciudadanos.