La Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, pide 12 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; 11 años y medio para los exconsellers presos; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
A diferencia del ministerio público, la Abogacía considera que los hechos no pueden ser calificados de rebelión al no haberse producido la violencia necesaria para lograr la independencia de Cataluña.
Aún así, en su escrito de conclusiones provisionales, entregado en el Supremo, solicita las penas más altas para Junqueras y los exconsellers que se encuentran en prisión dado su estatus de "autoridad" al haber "inducido, sostenido y dirigido la sedición desde su condición de miembros del Gobierno" catalán.