Un total de 55 investigados
El juez propone enviar a juicio al productor José Luis Moreno por una macroestafa bancaria en el 'caso Titella'
Los detalles El magistrado sostiene que José Luis Moreno participó en una compleja trama financiera que usaba sociedades sin actividad real para lograr créditos millonarios. El dinero, según el juez, se movía entre empresas pantalla para blanquearlo y aparentar negocios legítimos que en realidad no existían.

Resumen IA supervisado
El juez de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a 55 personas, incluido el productor José Luis Moreno, por su presunta participación en una organización criminal que obtenía financiación mediante sociedades ficticias. Según el magistrado, el grupo se lucraba de manera ilegítima a través de un entramado de empresas y testaferros. Los delitos incluyen estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y corrupción. La organización, activa desde 2017, operaba con una estructura jerarquizada y utilizaba fraudes a entidades bancarias e inversores.
* Resumen supervisado por periodistas.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha propuesto juzgar a un total de 55 personas, entre ellas el productor José Luis Rodríguez Moreno, conocido artísticamente como José Luis Moreno, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a obtener financiación bancaria e inversiones privadas mediante sociedades ficticias. Según el magistrado, el objetivo era "lucrarse de manera ilegítima" mediante un entramado de empresas y testaferros.
En el auto de transformación a procedimiento abreviado —paso previo a la apertura de juicio oral—, el juez propone juzgar a los investigados por delitos de estafa continuada en concurso con falsedad documental, blanqueo de capitales, organización criminal, corrupción en los negocios y frustración de la ejecución. Además, Moreno y Martin Czehmester afrontan también un presunto delito contra la Hacienda pública.
Una red "extraordinariamente compleja"
El juez sostiene que la organización operaba al menos desde 2017 y contaba con una estructura jerarquizada dividida en células operativas, especializadas en distintos ámbitos delictivos: desde fraudes a entidades bancarias e inversores mediante el conocido sistema de peloteo de cheques o pagarés, hasta la falsificación de efectos mercantiles y el blanqueo de los beneficios obtenidos.
Según el auto, el grupo obtenía créditos, líneas de financiación o productos como el confirming o factoring fingiendo solvencia empresarial. Para justificar la actividad de las sociedades y burlar los controles bancarios, los investigados simulaban relaciones comerciales entre empresas pantalla, multiplicando las transferencias entre ellas y dificultando la trazabilidad del dinero defraudado.
El dinero procedente de los fraudes no se extraía directamente, sino que circulaba entre distintas compañías hasta parecer fruto de una actividad económica legítima. Entre los perjudicados figuran entidades financieras, sociedades de garantía recíproca, la Agencia Tributaria e inversores particulares, según el juez, que detalla los daños sufridos por cada una.
Moreno, en el "primer nivel" del entramado
El auto sitúa a José Luis Moreno, junto a Antonio Luis Aguilera y Antonio José Salazar de Castro, en el primer nivel de la organización. Cada uno de ellos gestionaba una cartera de empresas a su nombre o a través de testaferros, simulando operaciones comerciales entre sí para reforzar la apariencia de solvencia y conseguir así financiación.
El juez subraya que Moreno, "como persona pública muy reconocida", prestaba su imagen como carta de presentación ante los bancos y presentaba proyectos cinematográficos o televisivos para justificar las solicitudes de crédito. Era además el principal receptor de los fondos obtenidos por Aguilera y Salazar, quienes, con amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil, se encargaban de crear y maquillar las sociedades beneficiarias de la financiación.
El magistrado destaca también la participación de abogados, gestores financieros, empleados de banca y personas de confianza, sin cuya colaboración "habría sido imposible llevar a cabo la planificación y ejecución de la mayoría de las estafas".
El juez da ahora un plazo de 20 días a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que presenten su escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento de las actuaciones.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.